De la redacción
El Buen Tono

El mercado mundial de criptomonedas alcanzó una capitalización de 53 billones 82 mil millones de pesos en diciembre de 2025, una cifra que refleja la dimensión que han adquirido los activos digitales y el reto que representan para los gobiernos en materia de regulación.

Como referencia, el Producto Interno Bruto (PIB) de México a precios corrientes fue de 36 billones 310 mil millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2025. Aunque ambos indicadores miden fenómenos distintos —la capitalización representa el valor del mercado en un momento determinado, mientras que el PIB mide la producción económica durante un periodo—, la comparación permite dimensionar el crecimiento del sector cripto.

El desarrollo de las criptomonedas está ligado a la tecnología blockchain, que permite realizar transferencias de activos digitales entre usuarios. Sin embargo, una parte importante de las operaciones se efectúa mediante exchanges, plataformas de custodia y otros intermediarios.

A medida que aumentó su adopción, distintos países comenzaron a establecer mecanismos para incorporar estos activos a sus sistemas financieros y reducir riesgos relacionados con su utilización.

En Europa, la estrategia se centra en una regulación integral mediante el marco Markets in Crypto-Assets (MiCA), que establece obligaciones para emisores de determinados criptoactivos y proveedores de servicios, incluidos exchanges y empresas de custodia.

La normativa establece requisitos de capital mínimo de 50 mil, 125 mil o 150 mil euros, dependiendo del tipo de servicios que proporcione cada empresa. También contempla obligaciones de transparencia, información sobre riesgos y medidas para prevenir el lavado de dinero.

En Estados Unidos, el enfoque ha consistido en permitir el desarrollo del mercado mientras se establecen mecanismos de supervisión. Uno de los principales avances ocurrió con la promulgación de la GENIUS Act en julio de 2025, que creó un marco federal para las stablecoins.

Estas monedas digitales buscan mantener un valor estable respecto de activos como el dólar y deben contar con respaldo mediante activos líquidos de bajo riesgo, entre ellos efectivo, depósitos bancarios y determinados instrumentos del Tesoro estadounidense.

Además, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) establece obligaciones para determinados intermediarios de activos virtuales bajo la Bank Secrecy Act, incluyendo medidas contra el lavado de dinero, identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas.

Hasta septiembre de 2026 continúa el proceso legislativo relacionado con la CLARITY Act, iniciativa que busca establecer reglas más amplias sobre registro, custodia, supervisión y protección de los usuarios de activos digitales.

¿Cómo se regulan las criptomonedas en México?

En México, las operaciones con activos virtuales están contempladas principalmente dentro de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.

Los artículos 30 al 34 establecen las condiciones bajo las cuales las Instituciones de Tecnología Financiera pueden realizar operaciones con activos virtuales, sujetas a las disposiciones emitidas por el Banco de México.

La legislación también obliga a las instituciones a informar a sus clientes que los activos virtuales no son moneda de curso legal y que no cuentan con el respaldo del Gobierno Federal ni del Banco de México.

A esta regulación se suma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que contempla determinadas actividades relacionadas con activos virtuales como actividades vulnerables cuando son realizadas de manera habitual y profesional por sujetos distintos de las entidades financieras.

Estas disposiciones establecen obligaciones de identificación de clientes y presentación de avisos ante las autoridades, con el objetivo de dar seguimiento al origen y destino de los recursos y reducir riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, participa en las acciones destinadas a vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

Para las actividades relacionadas con activos virtuales, los avisos deben presentarse cuando se alcanzan los umbrales establecidos, entre ellos 210 UMA para el monto de la operación o cuatro UMA cuando se trata de la contraprestación por el servicio.

Uno de los usos que ha cobrado relevancia es el envío de remesas y transferencias internacionales. En 2024, Bitso reportó haber gestionado un volumen de remesas entre México y Estados Unidos por seis mil 500 millones de dólares, 51 por ciento más que el año anterior.

La plataforma permite comprar, vender, enviar y almacenar criptomonedas y dólares digitales. En México, determinados servicios denominados en pesos son operados por Nvio Pagos México, institución de fondos de pago electrónico regulada bajo la Ley Fintech.

México enfrenta el reto de ampliar su regulación

Las diferencias entre los modelos regulatorios son evidentes. Europa estableció un marco integral que contempla distintos participantes de la industria; Estados Unidos avanzó en la regulación federal de las stablecoins, mientras que México mantiene un esquema enfocado principalmente en la prevención de riesgos financieros y lavado de dinero.

Uno de los principales pendientes para México está relacionado con la regulación de aspectos como emisión, reservas, custodia, transparencia y protección de los usuarios.

El crecimiento de los activos digitales también ha generado proyectos vinculados con el mercado mexicano que recurren a otras jurisdicciones. Un ejemplo es MXNB, una stablecoin vinculada al peso mexicano cuya emisión se encuentra bajo jurisdicción de El Salvador.

Nvio Pagos El Salvador obtuvo autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales de ese país para emitirla, situación que refleja las diferencias regulatorias existentes en la región.

En México, el debate también comenzó a incorporar de manera más directa la regulación de las stablecoins. El 6 de mayo de 2026, el senador Alejandro Murat presentó una iniciativa sobre Activos Virtuales Estables (AVE), con la que propone establecer un régimen prudencial para la emisión, administración, circulación y comercialización de estas monedas digitales.

La propuesta representa uno de los intentos por establecer reglas específicas para un segmento del mercado que continúa creciendo y que plantea nuevos desafíos para las autoridades mexicanas.