De la Redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- Las instituciones de seguridad y procuración de justicia trabajan en una metodología conjunta para identificar posibles riesgos relacionados con las personas que busquen participar como candidatas o candidatos en el proceso electoral de 2027.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, María Luisa Alcalde explicó que, conforme a la legislación, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria al Instituto Nacional Electoral (INE) los listados de sus posibles candidatos para que sean sometidos a un análisis de riesgo.
La información será canalizada por el INE a distintas instituciones de seguridad e inteligencia, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como otras áreas de inteligencia.
Cada dependencia aportará información de acuerdo con sus atribuciones para integrar una evaluación conjunta. El objetivo será determinar únicamente si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con alguna de las personas propuestas.
Alcalde aclaró que las instituciones no enviarán al INE carpetas de investigación, expedientes completos ni información específica de sus investigaciones, sino la conclusión derivada del análisis de riesgo.
Sin embargo, para elaborar esa evaluación sí podrá considerarse información relevante disponible en cada dependencia. En el caso de las fiscalías, por ejemplo, podrían tomarse en cuenta carpetas de investigación, mientras que otras instituciones aportarían información financiera, bancaria, de seguridad o inteligencia dentro de sus respectivas competencias.
La funcionaria subrayó que el mecanismo no implica que el INE determine quién puede o no ser candidato. Los resultados serán entregados para que los propios partidos políticos cuenten con elementos adicionales antes de definir sus postulaciones.
La metodología todavía se encuentra en proceso de elaboración y las instituciones mantienen mesas de coordinación para establecer un mecanismo único que pueda comenzar a operar antes de que avance el proceso electoral de 2027.
Por su parte, el INE ya conformó la comisión prevista por la legislación y deberá informar las fechas a partir de las cuales los partidos políticos podrán comenzar a solicitar este tipo de información.
El procedimiento busca establecer mayores controles de prevención frente a posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y grupos criminales, aunque la decisión final sobre las postulaciones continuará correspondiendo a los partidos políticos.
