Tres ciudadanos acudieron al Órgano Interno de Control; CIDIAC señala que los ediles han obstaculizado el derecho de petición al no atender un documento presentado desde el 27 de febrero.
CÓRDOBA, VER.- Tres ciudadanos presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control contra los 10 regidores del Ayuntamiento de Córdoba, a quienes señalan por no haber atendido un oficio presentado desde el pasado 27 de febrero.
Manuel Molina Gómez, presidente de CIDIAC, informó que el documento, identificado con el folio 050 de Oficialía de Partes, continúa sin recibir atención, por lo que consideró que se está obstaculizando el derecho de petición y audiencia de los ciudadanos.
Explicó que la denuncia fue presentada el pasado 14 de septiembre y cuestionó que los ciudadanos tengan que recorrer distintas oficinas para conseguir que sus solicitudes sean recibidas y atendidas por los ediles.
Molina Gómez señaló que, desde su perspectiva, estas omisiones podrían constituir violencia institucional y citó el artículo 365 del Código Penal de Veracruz. Sin embargo, dicho artículo tipifica este delito cuando, en el ejercicio de la función pública, se dilate, obstaculice o niegue la debida atención de los derechos humanos de las mujeres, por lo que corresponderá a las autoridades determinar si los hechos denunciados encuadran en ese supuesto.
El presidente de CIDIAC también cuestionó el funcionamiento de la Oficialía de Partes, al señalar que ésta habría recibido únicamente 110 oficios ciudadanos y acusó que existen obstáculos burocráticos para la presentación de trámites.
Afirmó que esta situación obliga a los ciudadanos a acudir directamente a las oficinas de los regidores para intentar obtener respuesta a sus solicitudes, en lugar de contar con un procedimiento eficiente para dar seguimiento a los documentos ingresados.
Por otra parte, Molina Gómez mencionó que existe la carpeta de investigación 1408/2026 relacionada con la regidora tercera, por una denuncia sobre la presunta presentación de documentos apócrifos atribuidos a una asistente para acreditar estudios y un supuesto parentesco.
Estos señalamientos forman parte de procedimientos y acusaciones que deberán ser investigados por las autoridades competentes, quienes determinarán si existe alguna responsabilidad administrativa o penal.
Molina Gómez sostuvo que los regidores deben atender las solicitudes ciudadanas y, en caso de acreditarse alguna irregularidad, asumir las consecuencias que establezca la ley.
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