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AGENCIA

Ciudad de México.- Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) para reclamar la presunta dilación en la resolución de una carpeta de investigación iniciada en 2023.

El recurso está relacionado con la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 y busca que el Ministerio Público determine si existen elementos para ejercer o no acción penal.

Sin embargo, los registros públicos disponibles no precisan cuáles son los hechos investigados ni la calidad jurídica con la que Pío López Obrador aparece dentro del expediente. Tampoco se ha establecido si la indagatoria está relacionada con el caso de los llamados “sobres amarillos”.

La demanda fue presentada inicialmente ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Gabriela Sandoval Saavedra. El órgano jurisdiccional determinó declinar competencia y ordenó notificar al promovente por vía electrónica.

Hasta el momento, los acuerdos disponibles no permiten establecer si el amparo fue admitido formalmente ni si se concedió alguna medida cautelar.

El reclamo de Pío López Obrador se concentra en la presunta falta de actuación del Ministerio Público para emitir una determinación sobre la carpeta de investigación. El objetivo es que la Fiscalía defina si ejercerá acción penal o si procede cerrar el expediente.

La presentación del amparo no representa una resolución favorable para el promovente ni determina su inocencia o responsabilidad. En caso de que el recurso prospere, la consecuencia dependerá de los términos de la resolución judicial.

El caso ha generado atención debido a los antecedentes de Pío López Obrador. En agosto de 2020 fueron difundidos videos en los que aparecía recibiendo sobres con dinero en efectivo de David León Romero, quien posteriormente ocupó un cargo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las grabaciones dieron lugar a investigaciones por posibles delitos electorales. En octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales determinó el no ejercicio de la acción penal en ese expediente.

Ese procedimiento corresponde a los hechos derivados de las grabaciones de 2020 y no existen, hasta ahora, elementos públicos suficientes para afirmar que sea el mismo asunto que aparece en la carpeta iniciada en 2023.

Por ello, aunque el nuevo amparo vuelve a colocar a Pío López Obrador en el ámbito público, todavía permanecen sin aclarar los hechos que investiga la FGR, el papel que tiene el promovente dentro de la carpeta y si existe alguna relación con el expediente de los “sobres amarillos” o con Andrés Manuel López Obrador.

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