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De la Redacción
El Buen Tono

Monterrey, NL.- Morena en Nuevo León presentó este lunes 21 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, familiares del mandatario y funcionarios estatales, por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

La denuncia plantea posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una presunta triangulación de recursos que, de acuerdo con los denunciantes, involucraría operaciones por más de mil 400 millones de pesos.

La acción legal fue encabezada por el senador Alejandro Murat, delegado de Morena en Nuevo León, y da seguimiento a una denuncia presentada por integrantes del partido ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 26 de mayo.

SEÑALAN POSIBLE RUTA DE RECURSOS

De acuerdo con los señalamientos de Morena, recursos pagados por el Gobierno de Nuevo León a empresas proveedoras habrían sido transferidos posteriormente entre distintas compañías y una parte de esos movimientos habría terminado en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con Samuel García y su familia.

Uno de los movimientos citados en los reportes corresponde al 19 de noviembre de 2021. Según la información difundida, la Tesorería estatal habría depositado 22.2 millones de pesos a Suministro MYR; posteriormente se habría realizado una transferencia a Proveedor de Productos Mexicanos Jace y, aproximadamente dos horas después, 8.5 millones de pesos habrían sido depositados a Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Reportes periodísticos también han señalado movimientos con una mecánica semejante durante 2022 y 2023.

Sin embargo, la existencia de transferencias entre empresas no demuestra por sí misma que los recursos tengan un origen ilícito. La investigación deberá determinar la naturaleza de las operaciones, los servicios que las respaldaron, su justificación y, en su caso, si existió alguna conducta ilegal.

¿QUIÉNES FUERON SEÑALADOS?

Además del gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, la denuncia menciona a Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario; Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador; Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León, y Éric Peñalver Serna, señalado por los denunciantes como familiar de Flores.

La inclusión de estas personas en la denuncia significa que Morena solicita que las autoridades investiguen su posible participación. No implica que exista una responsabilidad penal determinada.

Los denunciantes también solicitaron que se revisen los movimientos financieros con la participación de instancias especializadas, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

ANTECEDENTE EN LA FGR

El caso tiene como antecedente la denuncia presentada el 26 de mayo ante la FGR por integrantes de Morena en Nuevo León.

En aquella ocasión, el partido sostuvo que empresas proveedoras del Gobierno estatal habrían recibido recursos públicos y posteriormente realizado transferencias hacia otras compañías hasta llegar a cuentas vinculadas con el despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador.

La acusación federal también solicitó revisar la trazabilidad de las operaciones y determinar si existían elementos para establecer responsabilidades.

SAMUEL GARCÍA HA RECHAZADO LOS SEÑALAMIENTOS

Samuel García ha rechazado previamente las acusaciones y ha negado que el Gobierno de Nuevo León o sus proveedores hayan financiado a su despacho.

El gobernador ha sostenido que las operaciones señaladas corresponden a servicios profesionales y ha negado que exista una relación indebida entre los contratos del Gobierno estatal y los recursos recibidos por Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Hasta el momento, la nueva denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León constituye una solicitud de investigación y no una determinación de responsabilidad penal.

¿QUÉ SIGUE?

Ahora corresponderá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León determinar el trámite de la denuncia y, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes para establecer si existen elementos que acrediten alguna conducta delictiva.

Las autoridades deberán revisar contratos, facturas, transferencias bancarias, documentación fiscal y cualquier otro elemento relacionado con las operaciones señaladas.

El caso también adquiere relevancia política en Nuevo León, donde Morena se encuentra en proceso de definición de su estrategia rumbo a la sucesión estatal. No obstante, cualquier responsabilidad jurídica de los señalados deberá determinarse mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.

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