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Dos hombres fueron detenidos en una presunta casa de seguridad, donde policías localizaron a 11 personas privadas de su libertad

Ciudad Juárez.- Un hombre originario de Huatusco, Veracruz, y otro sujeto fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, señalados por su presunta participación en el secuestro de 11 personas que se encontraban privadas de su libertad en un inmueble utilizado aparentemente como casa de seguridad.

El detenido identificado como Arturo E. P., de 49 años y originario de Huatusco, fue asegurado junto con Abel C. G., de 23 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades y son señalados por los delitos de secuestro y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas calibre .223, varios cartuchos, un cargador tipo tambor y dos chalecos balísticos.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado entre las calles Toro y Privada de Toros, en Ciudad Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, agentes municipales detectaron a un hombre que presuntamente portaba un arma larga y que intentó ingresar a una vivienda.

Al acercarse al inmueble, los policías escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, por lo que ingresaron y localizaron a las 11 personas que se encontraban privadas de la libertad.

Entre las víctimas había personas de nacionalidad guatemalteca, hondureña y ecuatoriana, además de ciudadanos mexicanos.

Tras ser liberadas, las 11 personas fueron trasladadas al área de Trabajo Social del Distrito Universidad, donde recibirían atención y asistencia integral.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que fueron privadas de la libertad y si los detenidos estarían relacionados con una organización dedicada al secuestro de personas migrantes.

En la zona fronteriza de Ciudad Juárez se han documentado casos en los que personas que buscan llegar a Estados Unidos son víctimas de grupos delictivos que las privan de la libertad y posteriormente exigen dinero a sus familiares a cambio de liberarlas.

Será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica de los dos detenidos y establezca si existen elementos suficientes para fincarles responsabilidad por los hechos.

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