ARTICLE 19 documentó 69 procesos legales contra periodistas y medios durante 2025; organizaciones defensoras de la libertad de prensa alertan sobre el uso de vías judiciales para intentar inhibir la labor informativa
De la redacción
El Buen Tono
MÉXICO.- El uso de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación registró un incremento en México durante 2025, una situación que organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran una forma de presión que puede generar desgaste económico, emocional y editorial en quienes ejercen el periodismo.
De acuerdo con el informe anual de ARTICLE 19, durante 2025 fueron documentados 69 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en el país: 29 procesos electorales, 17 penales, 15 civiles y ocho de carácter administrativo. La organización señaló que, en promedio, se inició un nuevo proceso legal cada seis días.
ARTICLE 19 sostiene que estos procedimientos no necesariamente buscan únicamente obtener una sentencia, sino que el propio proceso puede convertirse en una forma de presión mediante gastos legales, desgaste emocional, estigmatización y afectaciones a las dinámicas de los medios.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), señaló que las demandas pueden resultar atractivas para actores políticos porque aparentan desarrollarse dentro de la legalidad, aunque organizaciones de prensa advierten sobre sus posibles efectos inhibitorios.
El caso de Tribuna, en Campeche
Uno de los casos citados en el análisis es el del periódico Tribuna, de Campeche, y su exdirector Jorge Luis González.
El medio, con décadas de trayectoria, dejó de imprimirse en 2024 y continuó operando en internet. Posteriormente, González enfrentó denuncias civiles y penales promovidas por la entonces gobernadora Layda Sansores, relacionadas con publicaciones que la funcionaria consideró constitutivas de daño moral, violencia política de género y discurso de odio.
A mediados de 2025, una resolución judicial impuso a González restricciones para ejercer el periodismo y estableció la revisión judicial previa de determinados contenidos antes de su publicación en línea. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron la medida y señalaron que podía constituir un precedente de censura previa.
González apeló las medidas y, de acuerdo con el reporte, un juez suspendió temporalmente su aplicación mientras se resuelve el fondo del caso.
Sansores ha rechazado las acusaciones de persecución o censura y ha sostenido que sus acciones legales buscan proteger los derechos de las mujeres.
La preocupación alcanza a periodistas de distintas regiones
El debate sobre el uso de mecanismos legales contra periodistas ocurre en un contexto de violencia contra la prensa en México.
El CPJ documentó seis periodistas asesinados en México hasta agosto de 2026 y señaló que cinco de esos homicidios ocurrieron en poco más de dos meses, uno de los periodos de mayor violencia contra periodistas registrado por la organización en más de una década.
En septiembre, el CPJ reportó además el asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga en Puebla, al que identificó como el sexto periodista mexicano asesinado en menos de tres meses.
En Veracruz, el organismo también ha documentado los asesinatos de periodistas como Carlos Castro, Luis Ángel López y Roxana Guzmán durante 2026. En el caso de Guzmán, el CPJ pidió investigar si su secuestro y homicidio estuvieron relacionados con su actividad periodística.
Expertos cuestionan leyes ambiguas
Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, ha advertido sobre los riesgos de utilizar conceptos jurídicos ambiguos para regular contenidos informativos, particularmente cuando las autoridades o los tribunales terminan actuando como árbitros de lo que puede considerarse verdadero, falso, ofensivo o aceptable.
La discusión también alcanza las iniciativas destinadas a combatir la desinformación y proteger derechos de las audiencias. Organizaciones de libertad de prensa han advertido que, dependiendo de cómo se apliquen, determinadas disposiciones podrían generar restricciones indebidas al ejercicio periodístico.
Mientras tanto, ARTICLE 19 sostiene que el acoso judicial contra periodistas constituye una tendencia que debe ser atendida mediante garantías para proteger la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información.
El desafío, plantean las organizaciones defensoras de la prensa, consiste en garantizar que las personas puedan acudir a los tribunales para defender legítimamente sus derechos sin que los procedimientos legales terminen convirtiéndose en mecanismos para inhibir la investigación, la crítica o la publicación de información de interés público.
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