AGENCIA
Ciudad de México.- Manuel Marcué Díaz, político y funcionario de origen tabasqueño, ha sido señalado en diversas investigaciones periodísticas por sus vínculos con el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como por presuntas irregularidades relacionadas con casinos y contratos del sector salud.
Marcué ocupó cargos en el sector salud de Tabasco durante la administración de López Hernández. Posteriormente llegó a la Secretaría de Gobernación y fue designado director general de Juegos y Sorteos, posición desde la que enfrentó señalamientos de empresarios del sector de casinos por presuntas prácticas de extorsión y cobros irregulares.
Una investigación publicada por El Universal en 2024 señaló que Marcué y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio habrían participado en un esquema mediante el cual se exigían pagos mensuales en efectivo a propietarios de casinos, con cuotas de mil pesos por cada máquina tragamonedas y cinco mil pesos por cada mesa de apuestas. Los señalamientos fueron atribuidos a testimonios de personas relacionadas con el sector.
También han sido publicados señalamientos sobre supuestos cobros de hasta 20 millones de pesos para permitir la operación de establecimientos de apuestas durante determinados periodos sin multas o clausuras. Estas acusaciones forman parte de reportajes y columnas periodísticas, por lo que no deben presentarse como responsabilidades penales acreditadas.
La relación entre Marcué y Amílcar Olán también ha sido documentada en investigaciones sobre negocios en el sector salud. El Universal reportó que, durante su paso por la administración de Salud de Tabasco, Marcué estuvo relacionado con contratos otorgados a Romedic, empresa vinculada con Olán. De acuerdo con esa publicación, la compañía recibió contratos por decenas de millones de pesos poco después de su creación.
El vínculo entre ambos personajes volvió a aparecer en investigaciones posteriores sobre la red empresarial relacionada con Olán y su cercanía con integrantes de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Diversos reportajes han señalado a Marcué como uno de los enlaces entre Olán y funcionarios o empresarios del entorno de Adán Augusto López.
Los señalamientos sobre la Dirección General de Juegos y Sorteos también han alcanzado a la administración federal de aquellos años. En documentos y publicaciones posteriores se han cuestionado autorizaciones y actuaciones de esa dependencia durante el periodo en que Marcué estuvo al frente.
La dimensión económica de las acusaciones ha sido objeto de distintas estimaciones periodísticas. Algunas publicaciones han calculado cantidades que superarían los mil millones de pesos derivadas de supuestos cobros a casinos, aunque esas cifras corresponden a estimaciones y testimonios citados por medios de comunicación, no a una cantidad establecida judicialmente.
En paralelo, investigaciones periodísticas han descrito a Marcué como uno de los operadores que habría facilitado la incorporación de Olán al negocio de la venta de medicamentos al gobierno. El Universal documentó contratos de Romedic con la Secretaría de Salud de Tabasco y señaló la participación de Marcué en la administración financiera de esa dependencia.
El caso forma parte de un entramado más amplio de señalamientos sobre relaciones entre funcionarios, empresarios y contratistas que han sido objeto de investigaciones periodísticas durante los últimos años. La información publicada hasta ahora debe distinguirse de las responsabilidades legales que, en su caso, determinen las autoridades competentes.
El caso expone la necesidad de que las autoridades aclaren, con documentos y resultados de investigación, los señalamientos sobre presuntos cobros irregulares, contratos y vínculos empresariales atribuidos a Manuel Marcué. Mientras no existan resoluciones firmes, las acusaciones deben mantenerse como señalamientos, pero tampoco deberían quedar sin una revisión exhaustiva.
Los cuestionamientos adquieren relevancia porque involucran áreas sensibles como los permisos para casinos y la contratación de medicamentos. La transparencia sobre contratos, autorizaciones, beneficiarios y posibles conflictos de interés resulta indispensable para determinar si existieron irregularidades y quiénes, en su caso, serían responsables.
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