DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Más de 42 horas transcurrieron desde que venció el plazo legal fijado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAV) sin que el Ayuntamiento de Córdoba acate la orden de reabrir el establecimiento “Super Ahorros del Centro”. Lejos de dar cumplimiento al mandato judicial, personal del Ayuntamiento acudió ayer a la tienda únicamente para verificar la presencia de las fajas y dejó en claro que la clausura continuará por “órdenes directas” del presidente municipal, Manuel Alonso Cerezo.
El término perentorio concedido a las autoridades municipales expiró a las 12:00 horas del pasado jueves 1 de octubre. Sin embargo, en una flagrante violación a la ley y a los derechos constitucionales de la empresa Súper Bodega de Córdoba, S.A. de C.V., los funcionarios municipales se mantuvieron al margen de la resolución contenida en el expediente 429/2026/SRC-III, la cual ordenó en forma tajante que la clausura “CESE DE FORMA INMEDIATA” y se proceda al retiro de los sellos.
Durante la jornada del viernes, inspectores de Protección Civil acudieron a las instalaciones ubicadas en la Calle 13 y Avenida 1 del Centro de la ciudad. Ante el cuestionamiento de los empleados del supermercado sobre cuándo ejecutarían el retiro de las fajas, los enviados municipales respondieron que no las quitarían y advirtieron que el proceso “se llevaría mucho tiempo”, argumentando instrucciones de la alcaldía.
Ante este panorama, la representación legal de la empresa, a cargo del abogado Jorge Luis Reyna Reyes y del apoderado Román Sorcia Quintana, denunció públicamente que detrás de la constante negativa a cumplir la medida cautelar existen intereses espurios de despojo para apoderarse comercialmente del inmueble, señalando directamente al edil Manuel Alonso Cerezo y al “primer damo” Luis Abella Alvarado.
El equipo legal de la negociación confirmó que ya promueve las denuncias y recursos correspondientes ante el órgano jurisdiccional por el delito de desacato a un mandato de autoridad judicial, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades estatales para hacer valer el Estado de Derecho, frenar los abusos de poder y detener las pérdidas millonarias que amenazan el sustento de decenas de familias cordobesas.
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