AGENCIA
Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad de presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación, presentada ante una corte federal de Nueva York, señala que los involucrados habrían utilizado sus cargos para proteger a integrantes del grupo criminal, proporcionar información confidencial de corporaciones policiacas y del Ejército, así como facilitar el traslado de cargamentos de droga y permitir actos de violencia relacionados con el narcotráfico.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que los acusados tenían vínculos con la facción conocida como Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que habrían recibido millones de dólares provenientes de actividades delictivas.
Entre los señalados, además de Rocha Moya, se encuentran el senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; el exdirector adjunto de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
El caso de Valenzuela Millán es particularmente grave. Los fiscales estadounidenses lo señalan por su presunta participación en el secuestro de una persona que colaboraba con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de un familiar de esta, hechos que habrían terminado con el asesinato de ambas víctimas.
La acusación también sostiene que funcionarios y miembros del grupo criminal habrían coordinado acciones para evitar investigaciones y detenciones, proteger cargamentos de drogas almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos, y permitir que integrantes del cártel actuaran con impunidad.
El Departamento de Justicia estadounidense aclara que todos los hechos descritos en la acusación son alegaciones y que los imputados deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Rocha Moya ha rechazado categóricamente los señalamientos y ha sostenido que las acusaciones carecen de sustento. El gobernador, integrante de Morena, afirmó que el caso representa un ataque no solamente contra su persona, sino también contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
El Gobierno de México, por su parte, ha cuestionado la falta de entrega de las pruebas que sustentarían las acusaciones estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de Estados Unidos relacionadas con el caso, mientras que las autoridades mexicanas han señalado que deben analizarse los elementos jurídicos antes de determinar cualquier acción.
La acusación coloca nuevamente bajo presión al gobierno de Morena y abre un conflicto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses por la investigación de presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021 como candidato de Morena y ha negado en distintas ocasiones cualquier relación con organizaciones criminales.
El proceso judicial en Estados Unidos continúa y será ante esa instancia donde deberán acreditarse las acusaciones formuladas contra el gobernador y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados.
La acusación contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios coloca nuevamente bajo el reflector los posibles vínculos entre estructuras políticas y organizaciones criminales. Aunque se trata de señalamientos que deberán probarse ante un tribunal, la gravedad de las acusaciones exige explicaciones claras y transparencia, no descalificaciones políticas.
El caso también exhibe la enorme desconfianza que existe entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. Si Washington presenta acusaciones de esta magnitud y México sostiene que no ha recibido pruebas suficientes, la obligación de ambos gobiernos es aclarar qué información existe y permitir que las investigaciones avancen sin protección política ni impunidad.
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