Trabajó 5 años y medio en el DIF; lo despidieron sin indemnización y lo encerraron en un anexo. La carpeta COR/1176/2026 indaga amenazas, extorsión, lesiones, robo y ultrajes a la autoridad.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- José de Jesús Acevedo Jaramillo tenía 67 años y cinco años y medio cuidando la entrada del DIF de Córdoba. El 31 de julio salió de la estancia de adulto mayor con la promesa de cobrar su sueldo. Un mes después, quienes lo buscaron lo encontraron en un anexo de San Nicolás, durmiendo entre chinches y garrapatas, con una sola muda de ropa. Cuando lo vieron, lloró: creyó que lo habían olvidado.
De acuerdo con la denuncia que hoy investiga la Fiscalía General del Estado. La víctima, José de Jesús Acevedo Jaramillo, no tiene problemas de adicción y exige indemnización laboral y reparación por daño psicológico; el DIF sostiene que actuó conforme al “Protocolo de Atención al Adulto Mayor”.
En julio de 2026, fue citado con engaños, internado durante un mes en un anexo para personas con adicciones que él no padece, y despedido sin indemnización. Hoy, la institución que debía protegerlo es la misma que enfrenta una denuncia penal por daño psicológico y una demanda laboral por despido injustificado.
El DIF, a cargo de Carolina Mendivil, creó una operación institucional documentada: el área de Adulto Mayor del DIF —la misma que debería velar por la población de la tercera edad— fue la que trasladó a un adulto mayor funcional a un centro de internamiento donde describió haber dormido durante un mes en un cuarto con 18 personas, entre chinches y garrapatas, con una sola muda de ropa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya solicitó una valoración psicológica pericial a la víctima, mediante oficio firmado por la agente del Ministerio Público Adriana Sosa Medina, fechado el 25 de septiembre de 2026. En el documento, la Fiscalía pide determinar si el afectado presenta daño emocional, estado de zozobra y alteración emocional por la privación de la libertad sufrida, y si teme que vuelva a ocurrir.
La carpeta de investigación COR/1176/2026 avanza por los delitos de amenazas, extorsión, lesiones, robo y ultrajes a la autoridad. El expediente no es un simple reclamo laboral: es la constatación de que el aparato institucional destinado a proteger a los adultos mayores puede convertirse, cuando se instrumentaliza, en su principal agresor.
Los hechos que el DIF no ha explicado
El 31 de julio de 2026, José de Jesús se encontraba en la estancia de adulto mayor donde prestaba sus servicios como vigilante. Ese día, personal del DIF acudió por él con una mentira: lo llevarían a cobrar su sueldo porque su pierna —que tenía problemas de movilidad— le impedía trasladarse por sí mismo. En lugar de eso, lo condujeron al Seguro Social, a la clínica 61, donde le aplicaron una inyección con la advertencia falsa de que podría sufrir un infarto.
Posteriormente fue llevado a un centro que él identificó como “Covadonga”, bajo el argumento de que le realizarían estudios médicos. Los estudios nunca se hicieron. La excusa institucional fue que no llegó en ayunas.
De ahí fue trasladado a un anexo ubicado en la zona de San Nicolás, en Córdoba. La víctima describió las condiciones con crudeza: un cuarto compartido con aproximadamente 18 personas, chinches y garrapatas, y una única muda de ropa para todo un mes. Él no tiene problemas de adicción. Ni toma alcohol. No había razón médica, legal ni humanitaria alguna para internarlo en un centro de esa naturaleza. El DIF lo dejó ahí y durante 30 días nadie de la institución regresó por él.
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