AGENCIA
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) estima que el mercado de combustible presuntamente comercializado mediante esquemas de evasión fiscal alcanzó un valor potencial de 3.1 billones de pesos entre 2018 y 2025, con un volumen aproximado de 147 mil millones de litros de gasolina y diésel.
De acuerdo con el reporte, el monto equivale a casi una tercera parte del presupuesto federal de 2026 y representa alrededor de 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) utilizado como referencia. Además, supera la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) registrada durante 2025.
La investigación parte de estimaciones de una evasión fiscal superior a 600 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A partir de esa cifra, MCCI calculó el volumen de combustible involucrado y su posible valor comercial.
El combustible habría tenido un valor aproximado de 1.6 billones de pesos al momento de su importación, pero su comercialización en el mercado mexicano habría alcanzado los 3.1 billones de pesos.
El reporte precisa que esta última cifra no representa las ganancias netas de las organizaciones involucradas, sino el valor potencial de venta del combustible a precios de mercado.
Cárteles y empresas bajo la lupa
La investigación señala que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo entre las organizaciones vinculadas con el contrabando de combustibles.
Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) considera que el tráfico ilícito de combustible constituye una de las principales fuentes de ingresos ilegales de estos grupos, después del narcotráfico.
Entre los mecanismos presuntamente utilizados para evadir impuestos se encuentran el uso de empresas fachada, documentación aduanera falsa y distribuidoras para introducir y comercializar el producto. Una de las prácticas consiste en declarar gasolina o diésel como aceites, lubricantes o aditivos, con el propósito de evitar el pago de las contribuciones correspondientes.
Deudas fiscales por 97 mil millones de pesos
MCCI también identificó diez empresas relacionadas con operaciones de combustibles que acumulan, en conjunto, 97 mil millones de pesos en adeudos fiscales.
Entre las compañías mencionadas aparecen Dalcrise, Marlaya, Grupo Petrotamps, Nafta Aditivos Orgánicos y Julia Mendoza Cruz, señaladas en la investigación por su relación con operaciones de este tipo y cuya inclusión en el listado definitivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se vincula con la emisión de comprobantes fiscales considerados irregulares.
Las cifras dimensionan el impacto potencial del huachicol fiscal sobre las finanzas públicas, en un esquema que, según la investigación, habría permitido movilizar enormes cantidades de combustible sin cubrir íntegramente las obligaciones tributarias correspondientes.
El reporte expone así la magnitud económica que habría alcanzado este mercado entre 2018 y 2025, aunque distingue entre el valor comercial estimado del combustible, los impuestos presuntamente evadidos y las ganancias que pudieron obtener los participantes.
Resulta indignante que el huachicol fiscal presuntamente haya movilizado combustible por 3.1 billones de pesos mientras el Estado habría dejado de recaudar cientos de miles de millones en impuestos. Ese dinero hace falta en hospitales, escuelas, carreteras y servicios públicos. La pregunta es inevitable: ¿Quién permitió que este negocio alcanzara semejantes dimensiones y cuándo habrá responsables que rindan cuentas?
El huachicol fiscal exhibe las consecuencias de una vigilancia insuficiente y de posibles redes de corrupción que afectan directamente las finanzas públicas. Mientras los ciudadanos cumplen con sus impuestos, empresas y redes presuntamente involucradas habrían evadido cantidades millonarias. No basta con presentar cifras escandalosas: Se necesitan investigaciones transparentes, sanciones efectivas y la recuperación de los recursos que legalmente corresponden al país.
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