Mérida, Yuc.- La compra de terrenos realizada por el gobierno de Yucatán y la posterior donación de seis predios a la empresa Tren Maya continúa generando cuestionamientos por las diferencias en los montos reportados, la falta de claridad sobre el destino de los recursos públicos y las condiciones de las operaciones inmobiliarias.
De acuerdo con una investigación publicada por Diario de Yucatán el 9 de octubre, uno de los movimientos más recientes ocurrió el 7 de octubre, cuando el Registro Público de la Propiedad y del Comercio rectificó la inscripción relacionada con el tablaje 6961-D, ubicado en Poxilá, municipio de Umán. El documento corrigió el importe de una compraventa de 2 mil 418 millones de pesos a 245 millones 156 mil 90 pesos con 40 centavos.
La operación ha estado rodeada de cifras distintas. En documentos registrales se consignaron inicialmente más de 2 mil 418 millones de pesos; en otra escritura se reportó una compraventa por 18 millones 526 mil pesos, mientras que el gobierno estatal sostuvo que dos compras realizadas en 2025 y 2026 sumaron 627.2 millones de pesos por 290.27 hectáreas.
El director de Comunicación Social del gobierno estatal, Janitzio Durán Ortegón, afirmó que únicamente una parte de los terrenos fue donada al Tren Maya de carga: 56.5 hectáreas, valuadas en 125.3 millones de pesos. Añadió que las otras 233.77 hectáreas permanecerán como reserva territorial del estado para futuros proyectos de inversión, aunque, según el reporte periodístico, no precisó cuáles serán esos proyectos.
La donación de seis predios fue aprobada por el Congreso local el 14 de septiembre y promulgada mediante decreto el 2 de octubre. Tras conocerse la operación, legisladores de oposición, representantes empresariales y académicos solicitaron transparentar los montos, los avalúos y los beneficios concretos para Yucatán.
Entre las preguntas pendientes están quién realizó los avalúos, cómo se determinó el precio por metro cuadrado, de qué partida presupuestal saldrán los recursos y por qué el gobierno estatal adquirió los terrenos para después donar parte de ellos a una empresa vinculada con un proyecto federal.
Hasta la publicación del reporte, el gobierno de Yucatán no había respondido de manera detallada a todas las preguntas enviadas por el medio. La discrepancia entre los documentos y las cifras difundidas mantiene abierto el debate sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.
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