De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Un titular que es técnico automotriz, un asesor que saltó de porro de la UV a colaborar con Leticia López y Gerardo Rosales, una encargada de Eventos que era maquillista de cómicos y siete asistentes sin funciones definidas, integran una estructura que especialistas en administración pública califican como inflada y desproporcionada para un municipio de 200 mil habitantes.
La Unidad de Comunicación Social del ayuntamiento de Córdoba tiene 26 plazas activas que en conjunto perciben 390 mil 231 pesos brutos mensuales, equivalentes a 4 millones 682 mil 773 pesos al año, una estructura sobredimensionada que arranca con un titular sin perfil profesional y termina con siete asistentes sin funciones documentadas.
Con veintiséis plazas, el área tiene siete asistentes, tres técnicos de sonido, tres responsables de redes sociales, dos asesores, un camarógrafo, una fotógrafa, un encargado de producción audiovisual, una encargada de Eventos y un asistente de Eventos, además del titular. El costo incluyendo a los seis mamparistas, asciende a 488 mil 629 pesos brutos mensuales, 5 millones 863 mil 549 pesos al año.
Luis Daniel Rodríguez Salazar, titular de la Unidad de Comunicación Social, percibe un salario bruto de 48 mil 879.08 pesos mensuales, a pesar de que su formación profesional es la de técnico automotriz, según consta en los registros oficiales del ayuntamiento. Su salario supera el de la mayoría de los jefes de área del gobierno municipal y se acerca a la remuneración de un diputado local. Rodríguez Salazar no tiene experiencia documentada en medios de comunicación, estrategia digital ni dirección de equipos periodísticos.
Ernesto Arteaga Quevedo, asesor de Comunicación Social, percibe 26 mil 877.54 pesos brutos mensuales, el tercer salario más alto del área después del titular y de la otra asesora, Rosa Alicia Díaz Contreras. Su historial lo ubica como ex estudiante de la UV, donde no concluyó estudios y era identificado como consumidor de marihuana, según versiones de excompañeros. Colaboró en administraciones anteriores con Leticia López y Gerardo Rosales. Su plaza como asesor no tiene funciones definidas en el organigrama oficial y su nombre no aparece en ningún producto de comunicación del ayuntamiento.
Yesica Castro Hernández, encargada de Eventos, percibe 14 mil 296.68 pesos brutos mensuales. Su historial laboral la ubica como maquillista de cómicos y animadora de fiestas infantiles antes de ingresar al ayuntamiento. Su asistente, Héctor Vargas García, percibe 13 mil 106.20 pesos. El área de Eventos cuesta al erario 27 mil 402 pesos mensuales. Ninguna de las dos plazas tiene perfil profesional vinculado a logística, protocolo, producción de eventos oficiales o relaciones públicas.
La nómina del área incluye siete plazas de «Asistente»: María Antonia Cueto García percibe 13 mil 645.42 pesos brutos mensuales; María del Rosario Flores, Brenda Soledad Olguín Bravo, Nataly Guadalupe Hernández Nicolás, Andrea Sosa Ortiz, Alma Grisel Báez Gómez y Adriana Andrea Díaz Larios cobran 10 mil 230.18 pesos cada una. Las siete fueron contratadas en el primer año de la administración de Alonso Cerezo. Ninguna aparece en el organigrama con funciones específicas. Ninguna firma productos de comunicación. Ninguna cubre eventos. Ninguna tiene responsabilidad asignada sobre redes sociales, diseño, fotografía, video o relaciones con medios.
Bernardo Enríquez Valero, Reynaldo Jaime Campos Sánchez y Rosalio Enríquez Valero integran el área de Staff Sonido, con 10 mil 824 pesos brutos mensuales cada uno, 32 mil 472 pesos al mes. Dos comparten apellidos, lo que sugiere posibles lazos familiares en la contratación. Josef Moisés Ávila Barrales, Fernando Bautista Trujillo y José Francisco Sánchez de la Rosa, responsables de redes sociales, perciben 11 mil 945.40 pesos cada uno, 35 mil 836.20 pesos al mes. Ninguno de los seis tiene productos verificables atribuibles a su plaza.
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