AGENCIA
Ciudad de México.- La agresión física contra Ilian, una estudiante de 15 años del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel número 4, exhibe la gravedad de la violencia entre estudiantes y plantea serios cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades educativas, señaladas por la familia de la menor de minimizar lo ocurrido y no brindarle la atención necesaria.
De acuerdo con el testimonio de la adolescente, tres compañeras la agredieron dentro de las instalaciones escolares luego de que una de ellas la acusara de haber hecho comentarios sobre su persona. La víctima afirmó que una de las estudiantes llevaba un cúter y que, al percatarse del objeto, intentó alejarse para evitar el enfrentamiento; sin embargo, sus compañeras la sujetaron del cabello y la golpearon en la cabeza durante varios minutos.
Lo ocurrido no puede reducirse a una simple discusión entre adolescentes. La violencia física, las amenazas y la intimidación constituyen conductas que deben investigarse y atenderse con seriedad. Ningún desacuerdo entre estudiantes justifica someter a una compañera a golpes ni hacerla temer por su integridad.
Pero el cuestionamiento también alcanza a las autoridades del plantel. Ilian declaró que, después de la agresión, pidió ayuda al personal escolar y esperaba recibir atención médica, pero aseguró que no obtuvo la respuesta que necesitaba. Su familia, además, denunció que directivos y coordinadores intentaron deslindarse de los hechos y minimizaron la agresión tras revisar las grabaciones de seguridad.
La explicación atribuida a los directivos, según el padre de la menor, fue que en los videos no se observaba que la golpearan, sino únicamente que le jalaban el cabello. Una respuesta de esa naturaleza, de confirmarse, reflejaría una preocupante falta de sensibilidad frente a una denuncia que involucra a una estudiante menor de edad dentro de un espacio que debería garantizar su seguridad.
La responsabilidad de una institución educativa no termina al abrir las puertas del plantel. También implica intervenir ante situaciones de violencia, proteger a las víctimas, brindar atención oportuna y evitar que las amenazas continúen después de una agresión. Minimizar los hechos o intentar deslindarse antes de que se esclarezcan puede profundizar el daño y desalentar a otras víctimas de denunciar.
La familia acudió al Ministerio Público número 57, donde se inició una carpeta de investigación por amenazas. Según el testimonio de Ilian, después de informar a sus profesores recibió advertencias de que la golpearían a la salida si volvía a denunciar lo sucedido.
El temor de la adolescente es evidente. La joven manifestó miedo de regresar a clases presenciales ante la posibilidad de que sus compañeras cumplan las amenazas. Que una estudiante de 15 años tema volver a su escuela por su propia seguridad representa una señal de alarma que las autoridades educativas no deberían ignorar.
Las agresiones deben investigarse y, si se acreditan responsabilidades, aplicarse las medidas correspondientes. Asimismo, las autoridades del Conalep deben aclarar qué atención brindaron a la menor, qué protocolos activaron y qué acciones han tomado para garantizar que pueda continuar sus estudios sin intimidaciones.
Una escuela no puede presumir que cumple su función educativa mientras una alumna denuncia golpes, amenazas y miedo, y su familia cuestiona la respuesta de quienes debían protegerla. La prioridad debe ser la seguridad de Ilian, el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas, no minimizar la violencia ni trasladar a la víctima la carga de sentirse insegura en su propio plantel.
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