DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CORDOBA.- El médico veterinario del ayuntamiento de Río Blanco, Ángel Osorio, se convirtió en objeto de seria indignación popular tras ser denunciado públicamente por abuso de autoridad, amenazas y absoluto desconocimiento de las leyes de protección animal. Lejos de tutelar el bienestar de los animales, el servidor público amedrenta a los ciudadanos con operativos arbitrarios que atentan contra la fauna local y la economía de las familias.
Según los señalamientos ciudadanos, el funcionario municipal advirtió que capturará caninos para encerrarlos en la perrera, exigiendo cuotas ilegales de cien pesos diarios por estancia y multas de ochocientos pesos para otorgar la liberación. Por si fuera poco, Osorio lanzó la grave amenaza de sacrificar a cualquier ejemplar que cumpla treinta días en cautiverio sin ser reclamado, contraviniendo los marcos normativos sobre derechos animales en la entidad.
A pesar de la gravedad de estas agresiones administrativas, el alcalde José Antonio May González ha decidido ignorar por completo las quejas de los pobladores. Esta permisividad institucional convierte al edil en cómplice explícito de los cobros indebidos y de las arbitrariedades cometidas desde la oficina municipal, dejando en total indefensión tanto a los dueños de mascotas como a los animales en situación de calle.
Es inadmisible que administraciones municipales mantengan en nómina a personajes insensibles que lucran con el sufrimiento animal e imponen cobros fuera de la ley. La Procuraduría del Medio Ambiente debe intervenir de inmediato para sancionar estas conductas irresponsables y frenar el sacrificio injustificado de ejemplares en Río Blanco, garantizando que el dinero y los derechos de la ciudadanía sean respetados.
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