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AGENCIA

Washington, Estados Unidos.- La Administración del presidente Donald Trump intensificó sus acciones contra la congresista demócrata Ilhan Omar, nacida en Somalia y nacionalizada estadounidense, luego de que autoridades federales registraran su vivienda en Washington y decomisaran dispositivos electrónicos y documentos como parte de una investigación sobre una presunta irregularidad en su proceso de ciudadanía.

La indagatoria busca determinar si Omar o su padre modificaron su edad en la solicitud de ciudadanía presentada en 2000. Según la investigación, la diferencia entre haber declarado 17 o 18 años sería relevante para establecer si cumplía con los requisitos para obtener la nacionalidad. La congresista niega haber cometido alguna ilegalidad.

El registro, realizado por orden de autoridades federales, incluyó la incautación de su teléfono celular, computadoras personales, cuadernos y pasaporte. Además, se habrían emitido más de una docena de citaciones, incluidas solicitudes de testimonios de familiares, para recabar información ante un gran jurado en Minnesota.

El equipo de Omar calificó la actuación como un “abuso de poder” y acusó al gobierno de utilizar las instituciones federales para intimidar a sus adversarios políticos. La legisladora ha sido blanco recurrente de ataques de Trump, quien ha cuestionado públicamente su permanencia en Estados Unidos y ha difundido acusaciones sobre su historia familiar.

El caso también reaviva la controversia por las declaraciones del mandatario contra la comunidad somalí de Minnesota, integrada por alrededor de 80 mil personas, en su mayoría con residencia legal o ciudadanía estadounidense. Trump ha generalizado sus acusaciones contra este grupo y ha vinculado su discurso con supuestos fraudes en programas de asistencia pública.

La investigación se desarrolla a pocas semanas de las elecciones intermedias, en las que Omar busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes. Aunque el gobierno ha impulsado una política más agresiva para retirar la ciudadanía a personas que considera que la obtuvieron de manera irregular, cualquier intento de desnaturalización requiere sustento legal y un procedimiento judicial.

Hasta el momento, las acusaciones contra Omar no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad, y la congresista sostiene que la investigación responde a motivos políticos.

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