La Fiscalía busca revertir la resolución que ordena reconocer a la actriz y a su productora como víctimas en una investigación por presuntas irregularidades de funcionarios públicos.
AGENCIAS
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que ordena reconocer a la actriz Kate del Castillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas dentro de una investigación por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos en procedimientos legales relacionados con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El recurso de revisión fue presentado el 14 de octubre ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Ahora, un Tribunal Colegiado deberá determinar si confirma, modifica o revoca la resolución favorable a la actriz.
La investigación deriva de una denuncia presentada el 1 de abril de 2025 ante la FGR por presuntas irregularidades atribuibles a personas servidoras y exservidoras públicas que participaron en investigaciones anteriores relacionadas con Del Castillo.
El 12 de mayo de ese año, la defensa solicitó que la actriz y su empresa fueran reconocidas como víctimas dentro de la carpeta de investigación. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la petición el 29 de octubre de 2025, al considerar que ambas tenían únicamente la calidad de denunciantes y no habían acreditado un daño directo.
Ante esa negativa, Del Castillo promovió el amparo 858/2025. El juez Julio César Molina García resolvió a su favor y ordenó dejar sin efecto la determinación ministerial y emitir una nueva resolución que reconociera a la actriz y a su compañía como víctimas.
El reconocimiento les permitiría ejercer derechos procesales, como consultar los registros de la investigación conforme a la ley, recibir notificaciones y dar seguimiento a las diligencias correspondientes.
La disputa tiene como antecedente el encuentro que Kate del Castillo sostuvo con “El Chapo” Guzmán en 2015, cuando el narcotraficante se encontraba prófugo. Tras ese episodio, las autoridades mexicanas realizaron diligencias relacionadas con la actriz.
En 2018, Del Castillo presentó una demanda por 60 millones de dólares contra el Estado mexicano por presunta responsabilidad patrimonial y daño moral, al argumentar que había sido objeto de persecución política.
La impugnación actual no resuelve esa demanda ni determina la responsabilidad de los funcionarios señalados. El litigio se centra en establecer si la actriz y su empresa deben ser reconocidas formalmente como víctimas en la investigación por las presuntas irregularidades.
La decisión del Tribunal Colegiado definirá si se mantiene la protección judicial que permitiría a ambas participar en la carpeta de investigación con los derechos correspondientes a esa calidad.
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