Corporativo Zeg y Cajas Graf concentran contratos de materiales electorales; reportaje señala posibles conflictos de interés y omisiones en declaraciones patrimoniales
De la redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- El chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece desde junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora del organismo señalada en investigaciones por presuntas irregularidades en sus contratos, de acuerdo con un reportaje publicado por Agencia Reforma.
Se trata de Jonathan Navarrete Torres, quien obtuvo un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg el 28 de junio de 2023, según registros del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. El documento le otorgaba facultades para representar a la empresa ante autoridades federales, estatales y municipales.
El reportaje de Érika Hernández y Rolando Herrera señala que Navarrete fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025 y que, de acuerdo con su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, percibe un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos. En ese documento, según la publicación, no informó su vínculo como apoderado de la compañía.
Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas a los mismos propietarios, los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, figuran entre los principales proveedores de materiales electorales. Ambas compañías han sido objeto de revisiones e investigaciones por presuntas irregularidades, de acuerdo con el reportaje.
La publicación también documenta antecedentes de contratos otorgados a estas empresas en organismos electorales estatales y señala posibles conflictos de interés por la trayectoria de funcionarios que posteriormente ocuparon cargos en el INE durante la gestión de Taddei.
Entre los casos mencionados se encuentran un contrato de 32 millones de pesos asignado a Zeg en Oaxaca y otro por 33.9 millones de pesos otorgado a Cajas Graf en Chihuahua en 2021.
Otro punto señalado es el uso de una camioneta BMW blindada para trasladar a Taddei entre finales de 2025 y abril de 2026. La funcionaria explicó entonces que el vehículo era prestado, luego de que la Chevrolet Captiva asignada por el INE presentara fallas. Según el reportaje, no quedó aclarado si el préstamo tenía relación con alguna de las empresas proveedoras.
Los señalamientos abren cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones, la declaración de posibles conflictos de interés y los controles internos del organismo electoral. No obstante, los hechos descritos no acreditan por sí mismos la comisión de un delito, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer responsabilidades.
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