AGENCIA
Ciudad de México.- Un juez federal habría librado una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y lavado de dinero por 3 mil millones de pesos, en operaciones realizadas entre 2014 y 2025, de acuerdo con información publicada por el diario Reforma.
La nueva orden también incluye a Mauricio Jesús Rocha Botello, presidente de Miss Universo México, así como a otros cuatro presuntos implicados: Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.
Según la investigación citada por el medio, la presunta red habría utilizado seis empresas para canalizar y dispersar recursos de procedencia ilícita, mediante operaciones con compañías que supuestamente carecían de infraestructura y personal para justificar sus movimientos financieros.
La Fiscalía señala a Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar como presuntos líderes de la organización, mientras que los demás involucrados habrían desempeñado funciones de supervisión.
De acuerdo con la publicación, Rocha Cantú habría recibido depósitos por 125 millones de pesos y realizado retiros por 107 millones entre 2015 y 2025. Las autoridades investigan si estos movimientos formaban parte de las operaciones de lavado de dinero.
Esta nueva acusación es independiente de otra orden de aprehensión relacionada con presuntos delitos de tráfico de armas y robo de combustible, investigaciones que también vinculan al empresario con una supuesta estructura criminal.
El caso ha generado controversia por el acuerdo que, según los reportes, permitió suspender temporalmente la ejecución de la orden de captura anterior a cambio de la colaboración del empresario con las autoridades. El pacto fue objeto de cuestionamientos durante la gestión del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Según la información difundida, Rocha Cantú habría trasladado su residencia fuera de México y sería considerado prófugo de la justicia. Sin embargo, las acusaciones deberán acreditarse ante los tribunales y se mantiene la presunción de inocencia de los señalados mientras no exista una sentencia condenatoria.
La nueva investigación amplía el alcance de las indagatorias sobre el empresario y sus presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas, mientras las autoridades buscan esclarecer el origen y destino de los recursos investigados.
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