AGENCIAS
Veracruz, Ver.- El Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.
De acuerdo con información del gobierno municipal, la denuncia señala presuntas irregularidades financieras relacionadas con la operación del servicio de agua potable, entre ellas pagos por 176.7 millones de pesos realizados durante 2024 y 2025 a empresas vinculadas con la compañía española ACCIONA.
El Ayuntamiento también pidió investigar las remuneraciones anuales de hasta 5.8 millones de pesos que, según su denuncia, recibieron algunos directivos, a fin de determinar si existieron irregularidades en esas operaciones.
Señalan intento de cobro a más de 82 mil familias
Otro de los principales señalamientos se relaciona con una cartera de presuntos adeudos por 2 mil 660 millones de pesos que Grupo MAS habría intentado cobrar a más de 82 mil familias.
Según el gobierno municipal, el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) rechazó la solicitud de cobro al detectar inconsistencias y falta de elementos suficientes para acreditar legalmente las cantidades reclamadas. Del monto total, más de 656 millones de pesos corresponderían a conceptos identificados como “consumos no facturados”.
La administración municipal también solicitó revisar posibles irregularidades relacionadas con la antigüedad de los adeudos, la prescripción de las obligaciones y la aplicación de recargos, además de esclarecer cómo se calcularon los montos y quién autorizó su registro.
Piden investigar contratos y operaciones financieras
A través de su Dirección de Asuntos Legales, el Ayuntamiento solicitó peritajes contables y financieros, así como la revisión de contratos y documentación fiscal. También pidió considerar las observaciones derivadas de auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).
La denuncia busca que las autoridades determinen si hubo daños a los recursos públicos o afectaciones a los usuarios y, en caso de acreditarse delitos, procedan contra quienes resulten responsables.
La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo afirmó que su administración continuará con las acciones legales para esclarecer los hechos y defender el patrimonio municipal y los derechos de las familias usuarias del servicio.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una denuncia y deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existen responsabilidades penales.
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