AGENCIA
Ciudad de México.- La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que su respaldo a la reforma judicial mexicana contravino los principios de independencia y apoliticidad que exige a las asociaciones integrantes.
La decisión se tomó el pasado 17 de octubre, durante la 68 reunión anual de la organización internacional, mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones. El resultado fue de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones.
La UIM, fundada en 1953, reúne asociaciones nacionales de jueces y tiene entre sus principales objetivos la defensa de la independencia judicial y la protección de los derechos humanos. Sus estatutos establecen que las organizaciones integrantes deben actuar con independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de mantener un carácter apolítico.
El procedimiento contra la CONATRIB comenzó después de que, el 28 de junio de 2024, la agrupación mexicana respaldara la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció la elección popular de jueces y magistrados. Aunque la CONATRIB planteó que la aplicación fuera gradual y que se respetara la independencia judicial, su posicionamiento derivó en una revisión de su permanencia en la organización internacional.
En agosto de ese año, el Comité de Presidencia de la UIM cuestionó la reforma al advertir que la elección de juzgadores mediante voto popular podía contradecir el principio de designación con base en méritos y criterios objetivos, además de poner en riesgo la inamovilidad judicial.
Como parte del procedimiento, la CONATRIB entregó un informe el 30 de junio de 2025, en el que argumentó que la reforma era resultado de la soberanía popular y que su cumplimiento respondía a obligaciones constitucionales. También sostuvo que mantuvo su carácter apolítico y que sus gestiones permitieron una implementación gradual de los cambios.
Sin embargo, los relatores designados por la UIM, procedentes de Argentina y España, concluyeron que la respuesta no resolvió la preocupación central sobre la independencia judicial. Consideraron que el respaldo a la elección popular de jueces era incompatible con los principios establecidos en los estatutos de la organización y recomendaron someter a votación la exclusión.
Durante la asamblea, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica cuestionaron a los dirigentes de la CONATRIB sobre las acciones emprendidas para defender la autonomía del Poder Judicial durante la aprobación de la reforma.
El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle criticó la actuación de la organización mexicana y sostuvo que la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones. Afirmó que la CONATRIB debió rechazar la destitución de juzgadores, en lugar de respaldar la modificación constitucional y posteriormente presentar ese posicionamiento como parte de una negociación.
Por su parte, Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB y titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, defendió la reforma al señalar que su origen no estuvo relacionado con una animadversión del Ejecutivo contra los jueces locales, sino con un conflicto presupuestario que involucró a juzgadores federales. También aseguró que el impacto en los poderes judiciales estatales había sido limitado.
En respuesta, la jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, citó cifras atribuidas al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la destitución de 2 mil 681 personas juzgadoras: 386 jueces federales, 464 magistrados federales de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales y mil 800 jueces, magistrados y titulares de cargos judiciales locales en 19 estados.
Tras las intervenciones, el Consejo Central de la UIM determinó que la CONATRIB había dejado de cumplir los requisitos de membresía y aprobó su expulsión.
JUFED respalda la decisión
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la resolución y consideró que la expulsión confirma sus cuestionamientos al modelo de elección popular de juzgadores.
En un comunicado difundido el lunes, la agrupación sostuvo que ese mecanismo, impulsado desde el poder político, afecta la función jurisdiccional, que a su juicio debe sustentarse en el mérito, la capacidad y la carrera judicial.
La JUFED también afirmó que las organizaciones que respaldaron la reforma dejaron de defender los principios de independencia judicial y calificó la decisión internacional como una señal sobre la gravedad de las consecuencias que, según su postura, tuvo el apoyo a los cambios constitucionales.
Finalmente, reiteró que la independencia judicial no constituye un privilegio de quienes imparten justicia, sino una garantía para que la ciudadanía tenga acceso a tribunales imparciales y libres de presiones políticas.
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