AGENCIA
CDMX.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició hace más de seis meses una investigación por presuntas irregularidades en contratos otorgados a proveedores cercanos a la ahora exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sin que hasta el momento se hayan presentado las denuncias correspondientes.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, reconoció que las auditorías internas detectaron inconsistencias patrimoniales, posibles conflictos de interés y movimientos financieros que coinciden con líneas de investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la presentación del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026, realizada el 9 de septiembre ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, Carvente informó que se identificaron depósitos bancarios entre servidores públicos y personas proveedoras de servicios al INE, así como funcionarios que omitieron declarar su participación accionaria en empresas.
También reportó cuentas con depósitos superiores a los cinco millones de pesos y omisiones en el registro de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales.
Las irregularidades se suman a una investigación de la ASF, difundida recientemente, que identificó a 57 personas físicas que obtuvieron contratos del INE mientras se desempeñaban como funcionarios activos, lo que representa posibles conflictos de interés.
El contralor detalló que durante el primer semestre de 2026 se sancionó a seis servidores públicos con multas que sumaron hasta 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años. Entre las faltas graves sancionadas mencionó la presentación de documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.
Pese a los hallazgos, durante la comparecencia ante legisladores no se formularon cuestionamientos sobre las investigaciones. En cambio, Carvente destacó resultados de eficiencia administrativa, entre ellos la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y ahorros por 131 mil 144 pesos en viáticos.
El titular del OIC también solicitó una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al señalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le niega acceso a información fiscal y bancaria de altos funcionarios del INE, facultad que, según dijo, está reservada a la Secretaría de la Función Pública.
Afirmó que esta restricción limita la capacidad de la Contraloría para detectar oportunamente posibles delitos como triangulación de recursos y conflictos de interés, al no contar con convenios de intercambio de información similares a los que tiene la ASF.
La actuación del OIC también ha sido cuestionada por observadores electorales y especialistas, quienes han señalado que la Contraloría habría utilizado sus facultades fiscalizadoras para presionar a consejeros críticos de la gestión de Taddei.
Uno de los episodios señalados ocurrió a finales de 2025, cuando el órgano reactivó una queja archivada desde diciembre de 2021 relacionada con la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato. La querella apuntó contra las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como contra el consejero Jaime Rivera, quienes denunciaron una presunta “cacería de brujas”.
Este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el OIC mantiene investigaciones desde hace seis meses por la entrega de contratos irregulares a proveedores cercanos a Taddei.
Monreal justificó que todavía no se hayan presentado denuncias, al argumentar que los procedimientos deben respetar el debido proceso y permitir a los señalados desahogar pruebas y alegatos antes de que se emita una resolución.
En contraste, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, anunció que este martes presentarán un punto de acuerdo para citar a comparecer a Carvente, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones y las acciones emprendidas.
El legislador cuestionó cómo se permitió que las presuntas irregularidades llegaran a ese nivel sin una advertencia formal del órgano de control y pidió esclarecer qué medidas se están tomando para evitar que los casos queden impunes.
Hasta ahora, el OIC no ha concluido las indagatorias ni ha informado sobre la presentación de denuncias penales relacionadas con los contratos señalados.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
