DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
REGIÓN.- Las observaciones millonarias se acumulan, pero las sanciones no llegan al mismo ritmo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, cuestionó la falta de resultados contra funcionarios y exfuncionarios señalados por irregularidades financieras y exigió esclarecer cómo se resuelven los casos de presunto daño patrimonial. El legislador puso como ejemplo el caso de una exalcaldesa que, según su relato, enfrentó observaciones por 36 millones de pesos y habría buscado vender propiedades para evitar consecuencias penales. No reveló su identidad durante la entrevista, por lo que ese caso debe distinguirse de otros expedientes municipales.
Bautista cuestionó directamente la actuación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y reclamó que se expliquen los motivos por los que los señalamientos financieros no siempre derivan en sanciones. La exigencia cobra relevancia ante las cuentas públicas municipales de 2025, que, de acuerdo con las cifras expuestas por el diputado, acumularon observaciones por casi 2 mil 900 millones de pesos. Entre los ayuntamientos mencionados se encuentran Santiago Tuxtla, Ixhuatlán de Madero, Coscomatepec, Catemaco y Acayucan, con montos observados que superan los 63 millones de pesos en varios casos.
El presidente de la JUCOPO aclaró que la aprobación de una cuenta pública no libera automáticamente a los funcionarios de responsabilidad. Corresponde a las instancias fiscalizadoras determinar si existe daño patrimonial y, cuando proceda, promover los procedimientos administrativos o penales.
También exigió resultados al ORFIS y denunció presuntas irregularidades en obras y gastos públicos, al insistir en que las auditorías no deben quedarse en informes ni en declaraciones políticas. La exigencia del Congreso es que los expedientes avancen, se recuperen los recursos cuando legalmente corresponda y se sancione a quienes resulten responsables. Mientras no haya resultados claros, los montos observados seguirán alimentando las dudas sobre la rendición de cuentas y la aplicación de la ley en Veracruz.
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