De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La expresidenta de la asociación de padres del periodo 2022-2024 señala un faltante de 250 mil pesos y cuestiona la aplicación de 600 mil pesos federales para sanitarios; el conflicto es entre integrantes de la asociación, no un señalamiento formal contra la escuela, y hasta ahora no hay desfalco acreditado ni fechas precisas en la denuncia.
Según su versión, cuando se entregaron recursos solo se habrían reportado 100 mil pesos, por lo que estimó un presunto faltante de aproximadamente 250 mil pesos durante los últimos dos años.
También cuestionó el destino de 600 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra para remodelar sanitarios, pues afirmó que los baños siguen en malas condiciones y los trabajos quedaron inconclusos. Señaló a Jennifer Reinoso Loyo, actual presidenta de la asociación, y a Pedro Hernández, quien habría sido tesorero de una administración anterior, por su relación con esos recursos.
Además, mencionó un supuesto préstamo de más de 130 mil pesos atribuido al entonces director del plantel después de su fallecimiento; dijo que le pidieron considerar el pago, pero que no le entregaron el documento que acreditara la operación. La existencia y condiciones de ese préstamo no están acreditadas.
En el conflicto también aparece Rebeca Caiceros Ortiz, actual tesorera, quien exige claridad sobre los recursos y la documentación financiera de la administración anterior. La expresidenta afirmó que Rebeca Caiceros y Margarita Sosa, anterior tesorera y actual vicepresidenta, tienen documentación relacionada con gastos escolares; según su versión, Margarita conservó notas y facturas originales y pidió una revisión contable. Las diferencias no serían solo por comprobantes, sino también por el control de la administración y de los recursos de la asociación.
Los denunciantes también señalaron carencias en sanitarios, áreas verdes y pintura, y pidieron a las autoridades educativas revisar cortes de caja, facturas, recibos y la documentación del programa La Escuela es Nuestra. Hasta el momento no se ha acreditado oficialmente la existencia de un desfalco ni la responsabilidad de las personas señaladas; falta conocer sus versiones y la de las autoridades.
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