De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La reciente invalidación de la “Ley Cazarín” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solo puso fin a un artificio legal con el que Juan Javier Gómez Cazarín y el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez pretendieron adueñarse del presupuesto de Comunicación Social del Congreso de Veracruz. También reabrió el expediente de uno de los nombres que fue pieza clave en el engranaje de corrupción que operó al amparo de esa norma: Vania López González.
Lejos de la imagen de funcionaria que hoy proyecta como exsíndica y actual regidora en Córdoba, la trayectoria de López González en el Congreso local está documentada en denuncias públicas que la señalan como la “recolectora” de los sobornos que exigía la dupla conformada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y el coordinador de Comunicación Social, Aldo Valerio Zamudio.
MEDIOS ‘FANTASMA’ Y ‘MOCHES’
De acuerdo con las denuncias presentadas en 2020, por el entonces diputado Magdaleno Rosales Torres, Aldo Valerio Zamudio, en complicidad con Vania López González —quien se desempeñaba como jefa de prensa del grupo legislativo de Morena—, crearon al menos cinco medios informativos digitales para autoasignarse contratos millonarios de forma mensual.
Esas editoriales, como Revista Perfil Veracruz, Nación Política, TX Noticias, Tsunami Veracruzano y 24 Veracruz, facturaban entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales cada uno, sumando más de medio millón de pesos al mes, y usaban a prestanombres para ocultar la identidad de los beneficiarios.
Según los testimonios de directivos de medios, el modus operandi se efectuaba así: Cazarín “palomeaba” los convenios y Valerio Zamudio condicionaba la firma a la devolución del 50 % del monto asignado. El dinero de “moches” era entregado mensualmente a Valerio o a sus dos operadores de confianza: Vania López González y Augusto Rafael Fernández Azcoitia.
DE REPORTERA A ‘DUEÑA’
El ascenso patrimonial de López González fue tan vertiginoso como su carrera política. La denuncia de Rosales Torres señalaba que, de ser una reportera de Morena, “hoy se ostenta como dueña de cinco medios de comunicación”, además de haber adquirido el restaurante Taratina, frente al Congreso local.
Plumas Libres documentó que, con los recursos desviados desde la Coordinación de Comunicación Social, Aldo Valerio amasó una fortuna que le permitió abrir el restaurante Vila Brasil en Córdoba, en sociedad con Vania López, quien posteriormente sería postulada como síndica por Morena en el municipio.
IMPUNIDAD QUE LA SOSTUVO
Pese a que las acusaciones eran públicas y documentadas, la carrera de Vania López no se detuvo. Mientras Aldo Valerio era finalmente destituido en noviembre de 2021, por su “larga cadena de desvíos de recursos públicos”, ella logró posicionarse primero como síndica del ayuntamiento de Córdoba y luego como regidora, siempre cobijada por la estructura de Gómez Cazarín.
Hoy, con la Ley 841 anulada por la SCJN —al determinar que el Congreso de Veracruz invadió, en ese periodo de gobierno, facultades exclusivas de la Federación, en materia de propaganda gubernamental—, queda al descubierto que todo aquel andamiaje legal sirvió para que personajes como Vania López González, Aldo Valerio y Juan Javier Gómez Cazarín convirtieran el presupuesto de comunicación social en su “caja chica”.
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