AGENCiA
Xalapa, Ver.- A partir de este viernes, 212 entes fiscalizables estatales y municipales deberán iniciar el proceso para aclarar un presunto daño patrimonial por 2 mil 749 millones 658 mil 658.55 pesos, detectado durante la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Con la entrada en vigor del decreto aprobado por el Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) podrá iniciar los procedimientos de investigación correspondientes y, en su caso, presentar denuncias ante las autoridades competentes contra servidores y exservidores públicos cuya actuación pudiera implicar irregularidades en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con el dictamen, el monto observado se distribuye de la siguiente manera: 2 mil 703 millones 301 mil 531.62 pesos corresponden a 181 ayuntamientos; 4 millones 200 mil 401.38 pesos a 17 entes estatales, y 42 millones 156 mil 725.55 pesos a 14 organismos municipales operadores de agua potable.
A estas observaciones se suman 6 millones 573 mil 40.39 pesos en materia de deuda pública, correspondientes a seis municipios, así como 225 mil 23.48 pesos señalados a la Universidad Veracruzana (UV).
El proceso permitirá que los entes fiscalizables presenten documentación y argumentos para aclarar las observaciones. En los casos donde no se solventen las irregularidades, el ORFIS podrá continuar con las acciones legales y administrativas que correspondan.
En cuanto al Ayuntamiento de El Higo, que entregó de manera extemporánea su Cuenta Pública, el Congreso instruyó al órgano fiscalizador a realizar la revisión durante la auditoría de la Cuenta Pública 2026 y posteriormente informar a la Legislatura.
El ORFIS también notificará las observaciones de carácter administrativo a los titulares de los Órganos Internos de Control, quienes deberán continuar las investigaciones y promover las acciones procedentes.
Las cantidades señaladas corresponden a presuntos daños patrimoniales y no representan, por sí mismas, una determinación definitiva de responsabilidad. Será mediante los procedimientos de aclaración e investigación cuando se establezca si existió un manejo irregular de los recursos públicos y quiénes podrían resultar responsables.
Otra vez millones de pesos bajo sospecha y, como siempre, nadie termina en la cárcel ni devuelve el dinero. La corrupción sale barata cuando no hay castigo.
Detectan miles de millones de pesos desviados, pero los responsables siguen tranquilos y el dinero no aparece. ¿De qué sirve fiscalizar si nunca castigan a los ladrones ni recuperan lo robado?
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