AGENCIAS
Monterrey, NL.- La Auditoría Superior de la Federación identificó presuntas irregularidades por al menos 728.13 millones de pesos en el manejo de recursos públicos del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, mediante un esquema de triangulación de dinero que involucraría contratos, transferencias entre empresas y movimientos hacia personas físicas y morales con posibles vínculos familiares con servidores públicos.
Durante la presentación de los informes de fiscalización de las Cuentas Públicas, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó que se detectaron patrones de simulación de operaciones y transferencias de recursos públicos mediante el pago a proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas de personas vinculadas familiarmente con funcionarios.
Las revelaciones se producen después de investigaciones periodísticas de Grupo REFORMA que documentaron transferencias millonarias de empresas proveedoras y constructoras contratadas por el Gobierno estatal hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho legal del gobernador y de su padre, Samuel Alejandro García Mascorro.
Aunque la ASF no reveló los nombres de las empresas ni de los funcionarios involucrados, argumentó que busca proteger el debido proceso. Sin embargo, los montos y operaciones señalados coincidirían con información publicada por REFORMA desde 2024.
Uno de los casos de mayor cuantía involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa. Esta última habría enviado 385.3 millones de pesos al despacho jurídico.
Además, la Auditoría señaló operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos en las que estaría involucrado un funcionario cuyo nombre y cargo tampoco fueron revelados.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, uno de los esquemas coincide con operaciones relacionadas con las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, adjudicadas en septiembre de 2022 a la constructora Mota-Engil.
En septiembre de 2024, REFORMA publicó que el mismo día de la firma del contrato, la constructora se asoció con empresas vinculadas al Grupo Gentor, señalado como uno de los principales clientes del despacho jurídico de la familia del mandatario.
Los señalamientos de la ASF colocan bajo revisión el destino de recursos públicos y las relaciones entre proveedores, empresas y particulares vinculados con el entorno del gobernador. No obstante, los hallazgos de auditoría no constituyen, por sí mismos, una resolución judicial sobre responsabilidades penales.
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