AGENCIAS
Ciudad de México.- Dos empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como cercano a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, obtuvieron contratos por 123 millones 143 mil 630 pesos durante el proceso extraordinario de la elección judicial de 2025, de acuerdo con una investigación publicada por El Universal y retomada por El Imparcial.
Las compañías beneficiadas son Cajas Graf y Litho Formas, que recibieron recursos públicos de organismos electorales de cinco estados para suministrar papelería, urnas y materiales utilizados durante la jornada electoral y sus simulacros.
Según la investigación, ambas empresas forman parte de un conglomerado de siete compañías que ha sido objeto de revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante presuntas irregularidades en procedimientos de contratación pública.
Los documentos revisados por El Universal señalan que las compañías compartían domicilios fiscales, intercambiaban representantes legales y participaban entre sí en concursos de adquisición, lo que habría generado una apariencia de competencia entre proveedores.
Los contratos fueron otorgados por organismos electorales de Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo. Este último concentró la mayor asignación identificada en el desglose: el Instituto Electoral de Quintana Roo adjudicó a Litho Formas 34 millones 798 mil pesos mediante el contrato IEQROO/LPN/16/2025, además de una ampliación por 15 millones 897 mil 222 pesos.
La investigación también ubica el origen de la relación entre el grupo empresarial y Guadalupe Taddei en 2014, cuando la funcionaria se desempeñaba como titular del Instituto Electoral del Estado de Sonora.
El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento la asignación de contratos para la elección judicial, particularmente por los vínculos empresariales señalados y las posibles prácticas para simular competencia en el uso de recursos públicos.
Las irregularidades descritas corresponden a señalamientos derivados de la investigación periodística y revisiones de autoridades auditoras; no deben interpretarse, por sí solas, como una resolución judicial que determine responsabilidades penales.
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