AGENCIA
CDMX.- Pese a contar con antecedentes de sanciones federales por proporcionar información falsa en contrataciones públicas y haber recibido una multa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la empresa Soluglob Ikon obtuvo un contrato por 740 millones 486 mil 460 pesos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para suministrar medicamentos durante 2026 y 2027.
La adjudicación vuelve a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de contratación del Gobierno federal, pues una compañía con antecedentes de inhabilitación y sanciones sanitarias consiguió nuevamente un contrato millonario con recursos públicos, sin que la dependencia haya explicado de manera suficiente cómo fueron valorados esos antecedentes al momento de asignarle el servicio.
De acuerdo con el fallo de la licitación LA-07-110-007000999-N-707-2026, correspondiente a la segunda fase del Servicio Integral de Suministro de Medicamentos (SISMED), Soluglob Ikon se impuso entre seis participantes, aunque no presentó la propuesta económica más baja.
La empresa ofreció inicialmente 731 millones 827 mil 489 pesos, mientras que Fármacos Darovi presentó una propuesta de 721 millones 775 mil 277 pesos. La diferencia fue de poco más de 10 millones de pesos, pero la evaluación técnica favoreció a Soluglob Ikon, que obtuvo 56.60 puntos frente a los 54.50 de su competidora.
Con la evaluación económica, Darovi alcanzó 94.50 puntos y Soluglob Ikon obtuvo 96.05, apenas 1.55 puntos de diferencia. Así, la Sedena terminó favoreciendo a la compañía que presentó una oferta más costosa.
La diferencia resulta todavía más significativa frente a otras propuestas: CVS Pharma ofertó 639 millones 56 mil pesos y Zuca Innovations, 660 millones 602 mil pesos. Ambas quedaron fuera del procedimiento por incumplimientos técnicos, según la documentación de la licitación.
Además, el monto finalmente adjudicado fue de 740 millones 486 mil 460 pesos, es decir, 8 millones 658 mil 970 pesos por encima de la propuesta económica inicial de la ganadora. La documentación señala que cinco subpartidas estaban sujetas al impuesto al valor agregado.
A las dudas sobre la evaluación se sumó un error administrativo de la propia dependencia. El fallo, emitido el 2 de noviembre, fue acompañado inicialmente de un dictamen técnico equivocado, por lo que la Sedena tuvo que anularlo y sustituirlo por otro. La institución aseguró que la corrección no modificaba el resultado de la adjudicación.
Los antecedentes de la empresa tampoco son menores. El 29 de febrero de 2024, la entonces Secretaría de la Función Pública resolvió inhabilitar a Soluglob Ikon durante 12 meses y aplicarle una multa por proporcionar información falsa o actuar con dolo o mala fe en procedimientos de contratación pública. La sanción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de ese año.
En junio de 2025, Cofepris también le impuso una multa derivada de una resolución relacionada con su almacén ubicado en el Parque Industrial San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Pese a estos antecedentes, la compañía volvió a obtener contratos públicos. Durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, en el Estado de México, ganó en 2019 una licitación del ISSEMyM para prestar servicios médicos integrales en unidades móviles, mediante un contrato abierto con un monto máximo de 180 millones 359 mil 190 pesos para el periodo 2019-2022.
Una auditoría del Órgano Interno de Control del ISSEMyM detectó entonces retrasos de entre 17 y 147 días hábiles en la notificación de reportes sobre el cumplimiento del contrato.
El caso plantea interrogantes sobre los filtros que aplica la administración pública para seleccionar a sus proveedores, especialmente cuando se trata de medicamentos y servicios vinculados con la salud. También obliga a cuestionar qué peso tuvieron las sanciones previas de Soluglob Ikon en la decisión de la Sedena.
Mientras las autoridades presumen mecanismos de transparencia y vigilancia del gasto, una empresa con antecedentes de inhabilitación y multa sanitaria consiguió una adjudicación superior a los 740 millones de pesos. La discusión no se limita a quién obtuvo el contrato, sino a por qué una compañía con ese historial terminó siendo considerada la mejor opción para manejar recursos públicos destinados al suministro de medicamentos.
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