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La doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez quedó como encargada de la unidad; derechohabientes reportan consultas y atención médica habituales, mientras el Instituto confirma que cinco de sus trabajadores fueron detenidos.

CÓRDOBA, VER.- La detención del director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 del IMSS no interrumpió la atención médica en la clínica, donde este sábado las consultas y los servicios para los derechohabientes continuaron de manera habitual, ahora bajo la responsabilidad de una nueva encargada de la dirección.

Luego del operativo federal realizado el viernes 6 de noviembre en el fraccionamiento Residencial Los Pinos, en Fortín, donde fue detenido José Roberto “N”, quien estaba al frente de la unidad médica, el IMSS Veracruz Sur designó a la doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez, coordinadora clínica, como encargada de la dirección.

Durante un recorrido por las instalaciones, derechohabientes reportaron que la atención se desarrollaba con normalidad, sin suspensión de consultas ni alteraciones en la dinámica de servicio. Algunos usuarios señalaron que acudieron a sus citas conforme a los turnos establecidos y recibieron atención como cualquier otro día.

La representación del IMSS en Veracruz Sur confirmó que cinco de las siete personas detenidas durante el operativo forman parte de su plantilla laboral en las regiones de Córdoba y Orizaba. Precisó que ninguna desempeñaba funciones relacionadas con el manejo de recursos financieros, compras o suministro de insumos.

En su posicionamiento, el Instituto indicó que hasta el momento de emitir el comunicado no había recibido notificación formal sobre los hechos que se atribuyen a sus trabajadores. Reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, además de señalar que aplicará las medidas laborales correspondientes conforme avance la situación jurídica de los involucrados.

El IMSS aseguró que tanto la UMF 61 de Córdoba como el Hospital General Regional número 1 de Orizaba mantienen sus servicios sin afectaciones, por lo que la detención de los cinco trabajadores no ha significado, hasta ahora, una interrupción en la atención a los derechohabientes.

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