AGENCIA
Madrid, España.- El Gobierno español solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado y advirtió que podría paralizar los servicios de TikTok en el país, luego de una investigación que detectó más de mil videos de abuso sexual infantil en la plataforma, con más de 48 millones de visualizaciones, así como más de 20 mil perfiles de potenciales agresores sexuales.
El Ministerio de Juventud e Infancia informó este lunes que presentó un escrito ante la Fiscalía por la presunta falta de mecanismos eficaces de TikTok para impedir la difusión de este material y proteger a niñas, niños y adolescentes.
La dependencia también solicitó una reunión urgente con representantes de la empresa en España para exigir explicaciones sobre los hallazgos, conocer las medidas adoptadas y establecer acciones inmediatas. La ministra Sira Rego señaló que el Gobierno contempla suspender los servicios de la plataforma si las circunstancias lo justifican.
La investigación fue realizada por la Fundación Maldita.es, que documentó presuntas fallas en los sistemas de búsqueda, recomendación y moderación de contenidos. Según el informe, los investigadores identificaron más de 20 mil perfiles de potenciales pedófilos, de los cuales más de 7 mil operaban en español.
También localizaron 780 cuentas que presuntamente utilizaban TikTok para captar compradores de material de abuso sexual infantil, además de 91 transmisiones en directo de menores en 17 países, en las que usuarios solicitaban acciones a cambio de dinero, algunas de carácter sexual.
El informe también señala la existencia de una comunidad con más de 2 mil integrantes que buscaba contenido de abuso sexual contra bebés. Los investigadores denunciaron que las herramientas de búsqueda y el algoritmo de recomendaciones facilitarían el acceso a este tipo de publicaciones.
Ante estos hallazgos, el Ministerio consideró que existen posibles vulneraciones a los derechos de la infancia y deficiencias graves en la moderación de contenidos, por lo que pidió una respuesta coordinada de las autoridades españolas y europeas.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación periodística y no representan por sí mismas una resolución judicial sobre la responsabilidad de la plataforma. La Fiscalía deberá determinar si existen elementos para iniciar actuaciones legales y establecer posibles responsabilidades.
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