La investigación incluye registros financieros, mensajes de WhatsApp, domicilios de empresas y expedientes sobre posibles irregularidades en contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei; las responsabilidades aún no han sido acreditadas.
Ciudad de México.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades administrativas y financieras en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de recibir información de personas que habrían participado en operaciones bajo sospecha y que decidieron colaborar mediante un programa de reducción de sanciones para informantes.
De acuerdo con información publicada por El Imparcial, los colaboradores entregaron material que incluye videos, audios, mensajes de WhatsApp, registros financieros, domicilios y documentos relacionados con empresas presuntamente vinculadas con contrataciones del organismo electoral.
Las declaraciones también habrían aportado información sobre la presunta ruta del dinero, alias de posibles operadores, cadenas de mando y mecanismos que supuestamente permitieron evadir controles de transparencia y fiscalización.
INVESTIGAN CONTRATOS Y POSIBLES TRIANGULACIONES
Las indagatorias surgieron a partir de señalamientos públicos, investigaciones periodísticas y revisiones de oficio sobre contratos de materiales electorales, servicios informáticos y proveedores relacionados con el INE.
Entre las líneas de investigación se encuentran posibles conflictos de interés, adjudicaciones directas cuestionadas, presunta colusión entre funcionarios y empresas, así como una posible triangulación de recursos.
La información aportada por los colaboradores permitiría a los auditores contrastar documentos administrativos con comunicaciones internas y movimientos financieros para identificar posibles responsabilidades de funcionarios y particulares.
TADDEI, BAJO EL ESCRUTINIO PÚBLICO
El caso también involucra señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE. Sin embargo, la existencia de una investigación no demuestra que la exconsejera presidenta haya cometido algún delito ni acredita su participación directa en las presuntas irregularidades.
Además, algunos de los contratos cuestionados tendrían antecedentes desde 2018, antes de que Taddei asumiera la presidencia del organismo, por lo que será necesario establecer los periodos, responsables y decisiones administrativas correspondientes.
La ASF mantiene el análisis de la información para determinar el destino de los recursos y establecer si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o promover investigaciones penales.
Por ahora, los materiales entregados por los informantes constituyen elementos de investigación, no pruebas de culpabilidad ni una resolución definitiva contra las personas señaladas.
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