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El Buen Tono
Cuitlahuac. – La preocupación de los comerciantes no es menor, los locatarios del mercado, quienes desde hace años han solicitado una cubierta que los proteja de las lluvias, consideran que la obra que lleva a cabo Angélica Peña Martínez no se está realizando conforme a la norma y a la calidad necesaria. Para ellos, el problema no es solo técnico, sino de confianza: la misma autoridad que prometió una solución definitiva ahora edifica una estructura cuyos anclajes que observan endebles y podrían poner en riesgo a comerciantes y compradores.
El señalamiento sobre la soldadura no es un tecnicismo, pues hay normas y requisitos estrictos para las conexiones soldadas, incluyendo las soldaduras, además de disposiciones específicas para placas base en columnas. Uniones resueltas con puntos aislados de soldadura, sin la continuidad ni la penetración requeridas, contravienen esos lineamientos y comprometen la capacidad de la estructura para resistir cargas, viento o sismos.
El contexto agrava la situación. Los comerciantes del Faustino Mora han denunciado históricamente que las techumbres individuales de sus puestos son ineficaces: las filtraciones caen en los pasillos y dañan mercancías, equipos y la integridad física de quienes laboran allí. La construcción del domo representa, por tanto, una obra de necesidad urgente; sin embargo, la premura no puede ser excusa para omitir los protocolos de seguridad que toda edificación de uso público debe cumplir.
Los comerciantes solicitan una supervisión técnica externa que valide las soldaduras de los pilares con un estudio de mecánica de suelos que respalde el diseño de la cimentación. La opacidad en la ejecución de una obra financiada con recursos públicos alimenta la desconfianza de los locatarios, quienes exigen transparencia y rendición de cuentas.
La demandaa de los comerciantes es clara: que la obra se ejecute con calidad y apego a la normatividad, no con “parches” ni soluciones improvisadas. La denuncia anónima, al margen de su origen, ha puesto sobre la mesa un debate legítimo sobre la seguridad estructural de un espacio que concentra la actividad económica de decenas de familias. Corresponde a las autoridades municipales y a las instancias de protección civil verificar la calidad de los anclajes, hacer públicos los dictámenes técnicos y, en su caso, ordenar la corrección de las deficiencias.
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