La reactivación de la factoría abre interrogantes sobre el capital privado y el control del fideicomiso; Juan Javier Gómez Cazarín arrastra antecedentes de señalamientos por contratos millonarios, empresas proveedoras y presuntas redes de intermediación desde el Congreso de Veracruz.
LERDO DE TEJADA, VER.- La reactivación del Ingenio San Pedro no solamente mantiene en la incertidumbre el futuro financiero de la factoría, también vuelve a colocar bajo escrutinio a los personajes políticos que han intervenido en las gestiones para rescatarla, particularmente a Juan Javier Gómez Cazarín, conocido como «El Carón», cuya trayectoria al frente del Congreso de Veracruz estuvo acompañada de señalamientos sobre el manejo de recursos públicos y negocios vinculados a estructuras de poder.
Pese a que el nombre del primer damo de Manuel Alonso Cerezo, Luis Abella circula en como responsable del relanzamiento de la factoría, hasta ahora no se ha transparentado quién aportará el capital privado, quién tendrá el control efectivo del fideicomiso ni cuáles serán las condiciones bajo las que se entregó la operación del ingenio.
El proyecto comenzó con el planteamiento de que el Gobierno estatal asumiría la recuperación de la factoría mediante un organismo público. Posteriormente, el esquema cambió hacia un fideicomiso con participación de trabajadores, productores cañeros y una entidad privada con capacidad financiera. Sin embargo, la estructura jurídica y financiera de este mecanismo continúa sin conocerse públicamente en todos sus alcances.
En medio de esta reconfiguración aparece Gómez Cazarín, actual delegado federal de los Programas para el Bienestar en Veracruz, quien durante su paso por la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local acumuló diversos señalamientos relacionados con el manejo de contratos, proveedores y recursos públicos.
Uno de los antecedentes se remonta a 2021, cuando investigaciones periodísticas documentaron el gasto de aproximadamente 31 millones de pesos en publicidad del Congreso durante 18 meses. Los señalamientos incluyeron convenios con medios de comunicación presuntamente fachada, pagos a sobreprecio y falta de transparencia en la contratación de servicios. Posteriormente, el propio Congreso dejó de actualizar durante varios meses la información pública de esos contratos.
En septiembre de 2023 surgieron nuevas acusaciones sobre una presunta red de despachos contables vinculados con asistentes legislativos, que supuestamente intervenían en revisiones financieras de ayuntamientos y del Poder Judicial. Las publicaciones señalaron conflictos de interés y utilización de esas estructuras para intervenir en procesos de fiscalización.
Otro caso que requiere revisión es el de AKEI Digital, empresa señalada en investigaciones periodísticas por vínculos con la familia Gómez Cazarín y por obtener contratos relacionados con servicios de difusión y monitoreo de medios. En enero de 2025 se publicó información sobre un contrato del OPLE Veracruz por aproximadamente 18 millones de pesos para el monitoreo de medios durante el proceso electoral, así como señalamientos sobre la experiencia de la empresa y el procedimiento de contratación.
A estos antecedentes se sumaron las observaciones expuestas en diciembre de 2024 por el entonces nuevo presidente de la JUCOPO, Esteban Bautista Hernández, quien habló de irregularidades en compras de la Legislatura anterior, entre ellas la adquisición de 50 tabletas por una cantidad cercana a los siete millones de pesos y gastos relacionados con servicios de limpieza.
La falta de transparencia sobre el origen del capital privado, los integrantes del fideicomiso y quién tendrá el control efectivo de la factoría alimenta las sospechas sobre la intervención de «El Carón» por mantener su red de corrupción añadiendo al cartel inmobiliario encabezado por el primer damo a fin de sostener sus propios intereses económicos y políticos.
La preocupación es que el ingenio termine convertido en otra plataforma para prolongar las redes de negocios y prácticas de corrupción que han rodeado su trayectoria política. Mientras no se transparenten los contratos, los inversionistas y los beneficiarios reales del fideicomiso, la sombra de Gómez Cazarín seguirá presente en un proyecto del que dependen miles de familias.
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