AGENCIAS
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Rommel Pacheco Marrufo, entregó 2.2 millones de pesos de recursos federales a la Federación Mexicana de Disco Volador (Femedivo), presidida desde 2025 por Álvaro Roberto Díaz Mena, hermano del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, de acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceso este 14 de noviembre de 2026.
La asignación se realizó mediante dos convenios, correspondientes a 2025 y 2026, por concepto de apoyo económico para programas, eventos, actividades deportivas y gastos generales de organización. El caso forma parte de un esquema que involucra al menos a 12 federaciones de disciplinas que no forman parte del ciclo olímpico y que, durante la administración de Pacheco, han recibido en conjunto 51 millones de pesos de recursos públicos, bajo criterios de distribución cuestionados por su discrecionalidad.
La investigación señala que tres federaciones concentran más del 60 por ciento de esos recursos: la Federación Nacional de Ajedrez de México, la Federación Nacional de Kick Boxing México y la Federación Mexicana de Polo, que acumulan 32 millones de pesos. En particular, la de ajedrez recibió 12.4 millones entre 2025 y los primeros nueve meses de 2026; kick boxing obtuvo 10 millones y polo otros 10 millones, mediante convenios de cinco millones por año en estos dos últimos casos.
También se documentaron asignaciones de cinco millones de pesos a la Federación de Artes Marciales Mixtas en 2026, después de recibir dos millones el año anterior. Otras organizaciones beneficiadas fueron las federaciones de Muay Thai, Pole Sports, Dominó, Pesca Deportiva, Wushu y Jiu Jitsu, con montos que van de 500 mil a dos millones de pesos.
Uno de los puntos más delicados de la investigación es el caso de Mario Torruco Juárez, integrante de la selección mexicana de fitness funcional, quien murió después de desvanecerse durante el Campeonato Mundial celebrado en Aruba, a finales de octubre. La federación que lo representaba, encabezada por Paulo César Dueñas, había recibido dos millones de pesos de la Conade mediante convenios de 2025 y 2026; sin embargo, según Proceso, el deportista no contó con el respaldo económico de su organización para contratar el seguro personal requerido para la competencia.
Tras su muerte, familiares y amigos tuvieron que cubrir gastos relacionados con su hospitalización, servicios funerarios y cremación. Incluso, integrantes de la comunidad deportiva organizaron rifas para apoyar a la familia con el traslado de sus cenizas a México. La publicación también señala que ni la Conade ni su director habían emitido un pronunciamiento sobre el fallecimiento.
La investigación agrega señalamientos sobre presuntas irregularidades en la entrega del Registro Único del Deporte (RUD), documento que permite a las federaciones acceder a recursos públicos. Una fuente de la propia Conade citada por Proceso aseguró que estos registros se entregarían mediante pagos indebidos y que posteriormente habría exigencias de comisiones o “moches” sobre los recursos asignados. También se mencionan posibles irregularidades en comprobaciones de gastos mediante proveedores y empresas señaladas como factureras. Estas acusaciones forman parte de los testimonios y hallazgos periodísticos, no de resoluciones judiciales citadas en la publicación.
El reportaje también expone la relación de Rommel Pacheco con funcionarios y colaboradores de Yucatán. Entre ellos menciona a Irak Greene Marrufo, medio hermano del titular de la Conade, quien ocupa la dirección general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán y que, según la investigación, también realizaría actividades vinculadas con la agenda política del funcionario federal.
Las cifras y los casos documentados abren cuestionamientos sobre los criterios utilizados por la Conade para distribuir el presupuesto deportivo, particularmente cuando federaciones con importantes asignaciones enfrentan señalamientos por falta de respaldo a sus atletas, mientras deportistas y familias deben recurrir a rifas y aportaciones particulares para cubrir gastos de competencias, atención médica y hasta servicios funerarios.
La investigación de Proceso pone bajo escrutinio el manejo de 51 millones de pesos de recursos federales y la falta de claridad sobre los mecanismos de supervisión, comprobación y resultados de los apoyos entregados a federaciones deportivas.
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