AGENCIA
Atlanta, Georgia.- Tres ciudadanos mexicanos fueron acusados por autoridades federales de Estados Unidos de participar en un presunto fraude fiscal que habría causado pérdidas superiores a 74 millones de dólares al Tesoro estadounidense, mediante la presentación de declaraciones de impuestos falsas y el cobro de más de 16 mil cheques de reembolso.
Los señalados fueron identificados como Gustavo Rojano Salazar, de 41 años; Gabriel Rojano Salazar, de 49, y Andrés Huerta Rendón, de 43, residentes del área metropolitana de Atlanta, Georgia. Enfrentan cargos por fraude postal y electrónico, así como conspiración para cometer lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, el presunto esquema operó entre 2019 y 2026. Los implicados habrían utilizado identificaciones mexicanas para solicitar números de identificación personal del contribuyente (ITIN) ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Posteriormente, presuntamente presentaban declaraciones fiscales falsas a nombre de los titulares de esos documentos, reportando retenciones de impuestos inexistentes para obtener reembolsos del gobierno estadounidense.
Los cheques eran enviados a apartados postales bajo su control y cobrados en un establecimiento de cambio de cheques en el norte de Georgia. La investigación sostiene que mediante este mecanismo se obtuvieron más de 16 mil reembolsos, cuyo monto conjunto superó los 74 millones de dólares.
Un gran jurado federal presentó los cargos el 6 de octubre de 2026. Los tres mexicanos fueron arrestados y comparecieron ante un juez federal el 14 de octubre, por lo que permanecen bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Adicionalmente, Gustavo y Gabriel Rojano Salazar enfrentan acusaciones por presuntamente proporcionar información falsa en documentos migratorios, al declarar que nunca habían cometido delitos.
En las investigaciones participaron la División de Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Inspección Postal y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, que rastrearon los movimientos financieros y el uso de documentos presuntamente falsificados.
Las autoridades señalaron que el proceso judicial continúa y que la responsabilidad de los acusados deberá acreditarse ante los tribunales. Los tres mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
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