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De la redacción
El Buen Tono

El Departamento de Estado busca información que permita detener a Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”, señalado como uno de los principales operadores de una organización criminal que actúa en la frontera entre México y Guatemala.

El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”, identificado como colíder del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG).

El anuncio se produjo después de la detención de Axel Bladimir “Mosh” Montejo-Saenz y Eugenio Darío Molina-López, señalados como integrantes de esta organización, que presuntamente opera en asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el Departamento de Estado, las actividades de esta estructura criminal incluyen narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinatos en la zona fronteriza entre México y Guatemala.

En el caso de Montejo-Saenz, las autoridades estadounidenses señalaron que fue acusado en 2018 de conspiración para distribuir cocaína con destino a Estados Unidos, así como de participar en operaciones de distribución de esta droga a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción estadounidense.

Por su parte, Calderón-Calderón figura entre los 13 ciudadanos guatemaltecos acusados dentro de una investigación federal contra una organización dedicada al tráfico de cocaína, que operaba desde las localidades de La Mesilla y La Democracia, en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

Trump endurece medidas contra organizaciones criminales

La recompensa se anuncia días después de que, el 13 de noviembre, el gobierno del presidente Donald Trump designara a los clanes familiares de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas, debido a los presuntos vínculos que mantienen con estructuras criminales mexicanas.

La medida implica el bloqueo de los bienes que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con las personas y organizaciones sancionadas, salvo las excepciones establecidas por las autoridades.

En paralelo, Guatemala decretó un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, luego de una serie de hechos violentos registrados en el país.

Entre los antecedentes se encuentra un ataque armado ocurrido el 27 de septiembre en el municipio de Huité, donde ocho personas perdieron la vida.

A estos hechos se suma el asesinato del diputado Julio César Portillo y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que formaban parte de su escolta, ocurrido el pasado 6 de noviembre en Río Hondo.

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