De la redacción
El Buen Tono
El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita identificar y desarticular las redes dedicadas al robo de combustible en México, una actividad conocida como huachicol y que representa una importante fuente de ingresos para el crimen organizado.
El programa fue implementado por el Departamento de Justicia (DOJ) como parte de una estrategia para debilitar las finanzas de las organizaciones criminales y frenar los mecanismos que utilizan para obtener y blanquear recursos.
A través de una ficha informativa, las autoridades estadounidenses solicitaron la colaboración de personas que cuenten con datos sobre el robo de combustible, individuos relacionados con estas actividades o movimientos financieros vinculados.
La información puede proporcionarse mediante plataformas de mensajería como Signal, Telegram y WhatsApp, así como a través de una línea de denuncias basada en la red Tor.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el robo de combustibles genera cientos de millones de dólares para el crimen organizado, por lo que consideran fundamental atacar esta fuente de financiamiento.
La recompensa de hasta 10 millones de dólares también se ofrece a quienes proporcionen información que permita desarticular redes de lavado de dinero. Según las autoridades, estas operaciones utilizan apuestas, casinos, bienes raíces y centros de cambio de divisas para ocultar el origen de sus recursos.
Identifican otras fuentes de financiamiento
El Departamento de Justicia también señala que las organizaciones criminales recurren a empresas fachada, instituciones financieras, casas de cambio y facilitadores económicos para movilizar sus ganancias.
Por su parte, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, destacó que combatir las finanzas de estas organizaciones es una parte fundamental de la estrategia estadounidense.
Durante un podcast de la dependencia, afirmó que el objetivo es debilitar económicamente al crimen organizado y actuar simultáneamente contra sus estructuras operativas y sus principales dirigentes.
Con este programa, Estados Unidos busca obtener información que permita identificar las fuentes de financiamiento y afectar las operaciones económicas que sostienen las actividades del crimen organizado.
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