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¿Y aquí en México cuándo van a permitir defenderse a los ciudadanos de bien?

AGENCIA

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1368 de 2026 para levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, una restricción que permaneció vigente durante casi 11 años y que impedía a los ciudadanos portar armas legalmente autorizadas sin una aprobación especial adicional.

El mandatario anunció la decisión a través de sus redes sociales, donde defendió que durante años las restricciones afectaron a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras que las organizaciones criminales continuaron armándose de manera ilegal.

“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, expresó.

De acuerdo con el Gobierno colombiano, la medida no significa que se permitirá el porte indiscriminado de armas. Los ciudadanos deberán cumplir los requisitos legales y contar con permisos vigentes expedidos por las autoridades competentes. Tampoco podrán portarlas quienes tengan restricciones judiciales o administrativas.

El decreto restablece la validez de los permisos individuales que se encontraban vigentes y elimina la exigencia de una autorización especial adicional que se había impuesto durante la suspensión general.

Como argumento para respaldar la decisión, De la Espriella informó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 las fuerzas de seguridad decomisaron 15 mil 700 armas de fuego, de las cuales 14 mil 179 estarían relacionadas con actividades delictivas.

Asimismo, señaló que 980 armas estaban vinculadas con las disidencias de las FARC, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La suspensión general había sido establecida en diciembre de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y fue prorrogada por las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro. La última ampliación contemplaba mantenerla hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con el nuevo decreto, el Gobierno de De la Espriella modifica esa política y devuelve vigencia a los permisos individuales, bajo el argumento de garantizar el derecho de los ciudadanos que cumplen la ley sin eliminar los controles del Estado sobre las armas de fuego.

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