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AGENCIA

Monterrey, Nuevo León.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) destapó un presunto esquema de triangulación de recursos públicos por mil 696.6 millones de pesos hacia un despacho jurídico y fiscal relacionado con el gobernador Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. La operación habría involucrado 786 transferencias bancarias realizadas por empresas proveedoras del Gobierno estatal.

El hallazgo fue presentado por el auditor superior, Alejandro Reynoso Gil, durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, como parte de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.

De acuerdo con la investigación, los recursos salieron de empresas que recibieron contratos del Gobierno de Nuevo León y posteriormente fueron transferidos al despacho familiar. A los mil 696.6 millones de pesos se suman otros 418.8 millones por rendimientos financieros, con lo que el monto relacionado con estas operaciones asciende a 2 mil 115.4 millones de pesos.

Las irregularidades también alcanzan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, cuya presidencia honoraria está a cargo de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del mandatario.

En esta dependencia, la auditoría identificó operaciones bajo observación por mil 953 millones de pesos, entre ellas una presunta triangulación de 23.2 millones que habrían terminado en el despacho jurídico después de pasar por una empresa proveedora de alimentos y otras cinco compañías relacionadas.

Uno de los ejemplos más cuestionados fue la adquisición de chayote a 300 pesos por kilogramo, cuando su precio comercial rondaba los 18 pesos. También se reportaron compras de aguacate a 250 pesos, tomate a 200 y cebolla a 180 pesos por kilogramo.

A estas anomalías se suman pagos por 3.15 millones de pesos a trabajadores de empresas privadas mediante la nómina del DIF, así como operaciones relacionadas con una empresa de cosméticos vinculada a familiares de la esposa del gobernador.

La investigación también alcanzó al ISSSTELEÓN y a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), instituciones que realizaron pagos por 420.6 millones de pesos a una distribuidora de medicamentos oncológicos. Posteriormente, se identificaron transferencias por 74.1 millones hacia el despacho jurídico y empresas relacionadas.

En este caso, la auditoría señaló presuntos sobreprecios en medicamentos contra el cáncer y falta de documentación suficiente para acreditar la entrega de los insumos adquiridos.

En el balance general de la revisión de la Cuenta Pública 2025, la ASE reportó 8 mil 902 observaciones pendientes de solventar por un monto superior a los 61 mil millones de pesos, de los cuales 59 mil 533 millones corresponden al Gobierno estatal y sus organismos paraestatales.

Los hallazgos abren nuevos cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos durante la administración de Samuel García. Las observaciones deberán avanzar a las etapas de investigación y seguimiento para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Hasta el momento, los señalamientos de la auditoría representan presuntas irregularidades que deberán acreditarse ante las autoridades correspondientes; no constituyen por sí mismos una resolución judicial de culpabilidad.

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