AGENCIA
Córdoba, Veracruz.- Los cargos públicos no deberían convertirse en espacios para el abuso de poder ni en plataformas para obtener beneficios personales. Sin embargo, señalamientos de presunto acoso sexual y abuso de autoridad contra Norman Jiménez, quien actualmente se desempeña como asesor del diputado Ángel Etiem, han generado cuestionamientos sobre los antecedentes de quienes ocupan posiciones dentro de las estructuras políticas.
De acuerdo con información difundida públicamente, Jiménez habría incurrido en conductas indebidas durante su gestión como encargado del Registro Civil de Córdoba, entre 2019 y 2023. Entre las acusaciones se encuentra el supuesto condicionamiento de trámites administrativos y oportunidades laborales a cambio de favores sexuales.
También se le atribuye el envío de fotografías de contenido sexual explícito, como parte de las conductas denunciadas. Se trata de señalamientos graves que, hasta ahora, no han sido acreditados mediante una resolución de autoridad competente.
La controversia adquiere otra dimensión porque, después de su paso por el Registro Civil, Norman Jiménez encontró espacio en el equipo de asesoría del diputado Ángel Etiem. Su incorporación genera interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar al personal que colabora con representantes populares y sobre los mecanismos de revisión de sus antecedentes.
El silencio frente a acusaciones de esta naturaleza tampoco contribuye a despejar las dudas. Hasta la información proporcionada, ni el legislador ni el señalado habían emitido una postura pública para aclarar, desmentir o responder a los señalamientos.
La función pública exige responsabilidad, transparencia y respeto, especialmente cuando se trata de puestos desde los cuales se tiene contacto directo con ciudadanos que necesitan realizar trámites o acceder a servicios.
Las acusaciones deben investigarse con seriedad y sin convertirlas en condenas anticipadas. Pero tampoco pueden despacharse como simples controversias políticas. Si existieron condicionamientos sexuales, abuso de autoridad o utilización del cargo para obtener beneficios personales, corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué filtros se aplican para incorporar asesores a los equipos legislativos y qué responsabilidad asumen los diputados al elegir a sus colaboradores?
En Córdoba, la ciudadanía merece explicaciones, no silencios ni protección política frente a señalamientos que, por su gravedad, requieren una investigación formal.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
