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Córdoba, Veracruz.

El caso de Arlen Virues representa una situación que merece la atención de las autoridades y de la sociedad: una madre que denuncia haber sido víctima de violencia vicaria y que hoy enfrenta una de las consecuencias más dolorosas de un conflicto familiar: permanecer alejada de sus propios hijos.

En el centro de esta controversia se encuentra Fabián DeGasperin, con quien Arlen mantiene un conflicto familiar y judicial que ha trascendido el ámbito privado.

Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando Arlen fue sometida a un procedimiento penal relacionado con una camioneta que, según su versión, el propio Fabián le había entregado. La controversia llegó al ámbito judicial y ella consiguió una resolución de no vinculación a proceso, por lo que no fue sometida a juicio por esa imputación.

Sin embargo, el resultado favorable en materia penal no significó el fin de sus problemas. Arlen sostiene que la presión judicial, las diferencias de poder económico y la influencia que atribuye a su contraparte han contribuido a mantenerla alejada de sus hijos.

La situación plantea una pregunta fundamental: ¿puede el sistema de justicia convertirse, directa o indirectamente, en un instrumento para ejercer violencia contra una madre utilizando como medio a sus propios hijos?

La violencia vicaria no se limita a la sustracción de menores. También exige examinar los actos de instrumentalización de los hijos, las amenazas, las presiones y el eventual uso abusivo de los procedimientos judiciales para provocar sufrimiento y mantener el control sobre el otro progenitor.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado esta problemática y ha señalado la importancia de reconocer que los menores pueden ser víctimas directas de estas dinámicas de violencia. También ha destacado la necesidad de analizar el contexto completo y no reducir estos conflictos a simples diferencias entre adultos.

En el caso de Arlen, resulta indispensable que las autoridades revisen integralmente los antecedentes penales y familiares, las circunstancias en las que se produjo su separación de los menores y las condiciones en que actualmente se desarrollan las relaciones materno-filiales.

No se trata de conceder privilegios a una madre ni de desconocer los derechos del otro progenitor. Se trata de garantizar que ninguna persona, independientemente de su capacidad económica, posición social o relaciones de poder, pueda utilizar las instituciones para limitar injustificadamente los derechos de otra persona o de sus hijos.

Porque una cosa es resolver una controversia familiar y otra muy distinta es que una madre termine pagando con la separación de sus hijos el costo de enfrentarse a alguien que, según denuncia, cuenta con mayores recursos e influencia.

Los hijos no son propiedad de ninguno de sus padres. Son titulares de derechos y necesitan protección, estabilidad y la posibilidad de mantener vínculos familiares sanos.

Arlen Virues merece ser escuchada. Sus denuncias deben investigarse y sus hijos deben estar en el centro de cualquier decisión.

La justicia familiar no puede convertirse en un instrumento de poder. Y ningún niño debería crecer pensando que amar a su madre significa tener que alejarse de ella.

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