POR: Andrés Timoteo
Soplan noticias escandalosas en el ámbito financiero. El gobernador Miguel Ángel Yunes declaró a Veracruz en situación de “emergencia financiera” y anuncia que se podría iniciar un proceso de desincorporación fiscal de la Entidad con respecto a la Federación, es decir, romper con el Pacto Fiscal y que localmente se cobren todos los impuestos habidos y por haber, desde el del Valor Agregado (IVA) hasta el de la Renta (ISR). Sin embargo, el asunto tiene matices, muchos candados y más ‘asegunes’.
En primer lugar, la “emergencia financiera” no es algo nuevo, pues el Estado se encuentra en crisis monetaria desde hace meses. Y los veracruzanos de a pie, sobre todo, saben lo que es esa emergencia y urgencia de dinero. El gasto corriente del aparato Estatal se iba cubriendo con más deuda y con recurso federal etiquetado para municipios, programas de infraestructura o de Seguridad Pública. La hecatombe salió a la luz pública porque al poder llegó la oposición, ya que si hubiera sido el priista Héctor Yunes Landa el ganador de la contienda, ese desastre permanecería bajo la alfombra.
Que Yunes Linares esté informando a la opinión pública lo que sucede, no sólo en un acto de transparencia sino de defensa propia, pues necesita hacer evitar que la población le cargue a él la culpa. No obstante, es improbable que prospere una independencia Fiscal de Veracruz no sólo porque hay obstáculos jurídicos, que sería muy difícil traspasar, sino porque políticamente no le conviene al propio Yunes como tampoco a la Federación.
Él mismo lo dijo ayer en Coatzacoalcos, el Gobierno Federal hace un uso político de la distribución de recursos fiscales, algo que tampoco es nuevo. Siempre ha sido así, las regiones -léase Estados- donde hay vetas de ganancia electoral o de control de grupos de poder, son las beneficiadas con el respaldo financiero. Hoy es el Estado de México, una de las Entidades apoyadas extraordinariamente.
Allá habrá elecciones para renovar su Gubernatura en el 2017 y de sus resultados se decantaría el poderío de la corriente política que domina el espectro nacional, el Grupo Atlacomulco, del cual forma parte el presidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto que la Federación lo arropa financieramente y claro que lo hace –y lo seguirá haciendo- sobre Veracruz que hoy está gobernado por un militante panista.
Entonces, es muy cierto que hay un manejo político y electoral en la distribución de ministraciones monetarias para el 2017, y además se agrega la peculiaridad de que Veracruz es desde el pasado primero de diciembre, un Estado de Gobierno opositor al régimen priista. Históricamente las pinzas fiscales han sido eficientes para desgastar a los Gobiernos opositores, por lo que la pregunta es sencilla, ¿a quién le conviene que le vaya mal a la Administración yunista, aun cuando en eso se dañe a 8 millones de veracruzanos? Por supuesto que al PRI.
El peligro es que las expectativas que Yunes Linares sembró entre la población, mismas que se convirtieron en una especie de bono de credibilidad y confianza, aminoren o incluso se extingan a la brevedad. Y en Veracruz hay muchos interesados en que eso ocurra, sobre todo los grupos que son movidos aún por la mano fidelista y aquellos que tienen la amenaza de ir a la cárcel por sus raterías. Descomponerle la gobernabilidad a Yunes Linares es uno de los proyectos que se mecen desde Barcelona.
De allí que la Administración Estatal requiere del ingenio para remontar la sequía financiera y la creciente de desprestigio político. No asustar con ‘el petate del muerto’ como eso de la desincorporación Fiscal. ¿Qué sigue después? ¿declarar la “República de Veracruz”? Mejor que las baladronadas, Yunes Linares debería sacar sus videos mágicos, esos que tiene guardados bajo siete llaves y bóvedas diferentes, pues si a Veracruz lo arrastra la marea, que se lleve también a Peña Nieto y a los demás que aparecen en esas cintas.
Si hay material que en verdad cimbre al País en las vísperas del 2018 y le dé el empujón final al peñismo, pues ahí está la pinza mediática para combatir a la pinza de la Secretaría de Hacienda. ¿O no? Claro, eso es el equivalente político al proceso de ruptura del Pacto Fiscal, igual de catastrófico, pero que podría traer beneficios mutuos –para Veracruz y la Federación- si no se detona y se negocia una salida, un rescate financiero a la Entidad.
Y por favor, no pongan a opinar de esos temas especializados a analfabetas como el líder de la fracción panista en el Congreso Local, Sergio Hernández, quien ni siquiera terminó su formación académica. El tema es serio como para que cualquier iletrado opine, se enrede y confunda. En resumen, la emergencia va acompañada de la urgencia para actuar, aunque toda medida que se haga, sin duda es a mediano y largo plazo, no hay soluciones inmediatas, salvo un rescate directo de la Federación –a lo que se tiene que obligar- o endeudar más a los veracruzanos, lo que también es contraproducente financiera y políticamente.
LA ESCOBA
Y EL CINTURÓN
¿Qué hacer a mediano plazo? Yunes Linares cayó en la tentación del populismo, al anunciar que ni él ni su Gabinete cobrará sueldos hasta que no haya recursos. ¡Alerta! Eso es una bomba de tiempo. Está comprobado que cuando no hay remuneración salarial a cambio de un servicio público, se abre la puerta de par en par a la corrupción. El funcionario afectado busca la forma de allegarse recursos con el tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohechos y el robo directo de los recursos.
Decretar la falta de pago a los funcionarios es invitarlos a robar, una especie de permiso no oficial. Es cierto, habrá algunos que obedezcan, pero Yunes incluyó a muchos pillos en el organigrama estatal y eso es como “bajarles la canasta” para que se sirvan a gusto. ¿A poco creen que personajes como Julén Rementería, Rogelio Franco o Francisco Monfort –sólo por citar a los de primera línea en el Gabinete- se van a quedar sin ingresos durante el tiempo que sea necesario? Es como pensar que la luna es de queso.
Frente a tal desafío, se repite la necesidad – y urgencia- de recurrir a los teóricos, y hacer efectivo el llamado “pacto social” con los veracruzanos, que incluya a todos, convocando a la paciencia y la espera. Se trata de pedirles un sacrificio, sí, pero sino se logra, se les sacrificará más con un endeudamiento mayor o la reducción de obras y programas sociales. Si el Gobierno de Yunes Linares no recurre a ese acuerdo con los veracruzanos, la situación se le revertirá y terminará por convertirse en el villano del cuento.
Cabe destacar que en el listado de acciones que el Gobierno Estatal acaba de anunciar para atender la situación emergente, las cuatro primeras son vitales: modificar el Presupuesto de Egresos para el 2017 para reprogramar el gasto público, investigar y castigar a los ladrones del erario, así como recuperar los bienes robados, depurar nóminas para eliminar a los llamados “aviadores” –los que cobran sin trabajar- y la duplicación de funciones, y reducir al máximo los gastos del Gabinete. Es decir, ajustarse el cinturón y sacar la escoba para barrer hacía atrás.
De concretarse estos cuatro puntos se lograría una austeridad republicana y benéfica. Pero deben de llevarse a cabo de forma efectiva, sin titubeos. En el caso de la modificación del presupuesto, es necesario –y urgente- extinguir dependencias y organismos inservibles que sólo son cañerías para la corrupción. Por citar algunos ejemplos está la paquiderma Comisión de Atención a Periodistas, la falsaria UPAV, el Inverbio, el Fideicomiso para la Cuenca del Papaloapan, la Comisión de Arbitraje Médico, y una veintena más de fideicomisos inservibles que consumen el dinero de los veracruzanos sin dar resultados.
Sobre los gastos del aparato estatal, bien valdría la pena que se eliminaran de una vez todos los eventos de corte de listón, ceremonias para firmas de convenios o anuncios de programas, pues todos ellos no son necesarios. Que los secretarios de despacho y demás funcionarios de menor escalafón, dejen de hacer relaciones públicas y posar para las cámaras, para ponerse a trabajar. Más que salir en la prensa, requiere que ellos se dediquen a la encomienda que les fue dada.
Ah, y que Yunes Linares deje de andar trayendo como séquito a los secretarios de despacho u otros funcionarios. Él debe viajar y encabezar eventos oficiales, los otros que se dediquen a laborar para salir del atolladero. Ya no son necesarias las cortes faraónicas que cuestan mucho dinero y no ofrecen beneficios a los ciudadanos.
BURLANDO LA LEY
El pasado lunes se cumplieron dos meses de que Javier Duarte de Ochoa salió anticipadamente del Gobierno Estatal y hoy miércoles se cumplen sesenta días. La Procuraduría General de la República (PGR) ha evadido el tema, su titular Raúl Cervantes se ha limitado a repetir el clásico “ya merito” cuando se le pregunta sobre las pesquisas para atrapar al exgobernante. En realidad, el Gobierno Federal no solo permitió la fuga sino tolera que Duarte de Ochoa junto con su esposa, Karime Macías, siga burlando la Ley.
Prueba de eso es que el cordobés sólo ha maniobrado en cuestiones legales a través de sus abogados –amparos promovidos para eludir las órdenes de captura y las recompensas millonarias a los delatores de su escondite- sino que se aventuró –hace un mes- a enviar documentos a la Legislatura Estatal anunciado su regreso a Palacio de Gobierno en los últimos quince días del sexenio y la semana pasada reactivó su cuenta de Facebook a través de terceros. Esto sólo indica permisión. También son doce días de que se renovó la Gubernatura y que el panista Miguel Ángel Yunes tiene el control de la Policía Estatal y de la Fiscalía General, pues en ella fue colocado Jorge Winckler, uno de sus incondicionales, como encargado de despacho, y tampoco a nivel local han dado con el paradero de Duarte de Ochoa.
Es decir, ni a nivel federal ni en el estatal hay movimiento para localizarlo. Todo indica que ni Javier Duarte ni Karime Macías, cargarán a los Peregrinos en la posada del penal de Pacho Viejo.
