Por unos 13 millones de dólares, se realizó un negocio en Colombia con una empresa minera para comprar unos terrenos, cuya venta estaba prohibida porque quedaron sometidos por el Estado a la extinción de dominio debido a un proceso de “lavado” de activos en contra de su propietario, puso a la compañía mexicana Cemex en aprietos con la justicia colombiana desde 2016.
La compra de los lotes en el departamento (estado) colombiano de Antioquia, para construir una planta de cemento junto a una mina de cal, llevó al Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá a ratificar, el pasado 5 de septiembre, una orden de captura emitida el 29 de junio de este año contra dos ex ejecutivos de Cemex y de uno de la firma vendedora.
