México enfrenta una alarmante tasa de impunidad del 99% en delitos de desaparición de personas, según el primer índice de impunidad presentado por la organización Impunidad Cero. Los datos revelan un 98% de impunidad acumulada en casos de desaparición forzada y 100% para desaparición cometida por particulares en el fuero federal entre 2006 y 2022. A pesar de casi cinco años desde la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, la implementación incompleta y las brechas en la persecución y sanción de estos delitos persisten, evidenciando una grave crisis de derechos humanos.
El informe destaca el aumento constante de delitos de desaparición en México, con 35,669 casos registrados de 2019 a 2022. Sin embargo, los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias en este período. La falta de transparencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis, y la “impunidad estructural” afecta a las familias de las víctimas, impidiendo la implementación efectiva de la Ley General.
La directora ejecutiva de Impunidad Cero, Catalina Kühne, subraya la importancia de abordar continuamente el fenómeno de las desapariciones en México, mientras que la abogada del Centro Prodh, Melissa Zamora, destaca que la impunidad estructural revictimiza y obstaculiza la creación de políticas públicas efectivas. La organización hace un llamado a una mayor claridad en la información y destaca la urgencia de abordar la crisis de derechos humanos que afecta al país.
