Ciudad de México.- El senador perredista propuso la creación de la Ley General de Combate a la Corrupción Política, la cual determina la definición de conflicto de interés en la gestión pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente nexos con el crimen organizado.
A través de una iniciativa, el senador perredista planteó, de igual manera, reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de obligar a los aspirantes a candidatos a cualquier cargo público a presentar, ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza.
Dicha solicitud sería enviada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional; instancias que decidirían si los perfiles son
idóneos o no.
