DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Región.- Habitantes de la región Centro han denunciado públicamente que elementos de la Policía Estatal realizan retenes ilegales con fines de extorsión, afectando a automovilistas, taxistas, motociclistas y transportistas.
Según los testimonios, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se posiciona en rutas sin alumbrado público y, mediante el uso de lámparas o luces de las patrullas, detiene a conductores de diversos vehículos. Luego, los oficiales ordenan a las víctimas descender de sus vehículos para someterlos a revisiones, incluyendo inspecciones personales que, en algunos casos, han sido denunciadas como tocamientos indebidos, bajo el pretexto de buscar armas o drogas.
Además, los policías solicitan la credencial de elector de los ciudadanos para tomarles fotografías sin su consentimiento, argumentando que podrían verificar antecedentes penales, una función que no corresponde a la Policía Estatal, cuya labor es preventiva. Dichas prácticas corresponden, en su caso, a la Policía Ministerial Acreditable.
También se reporta que los oficiales toman fotografías a las personas durante la inspección de sus pertenencias y ropa, sin aclarar el propósito o el destino de esos datos personales.
Cuando los ciudadanos se resisten a estas inspecciones, los denunciantes aseguran que las autoridades recurren a la violencia física, insultos y amenazas, arrestando a las personas y trasladándolas a las instalaciones de la SSP en Córdoba. Sus vehículos son enviados al corralón municipal y sólo son liberados tras pagar multas que oscilan entre $10,000 y $20,000, sin recibir comprobantes fiscales. Según los testimonios, estas cantidades son repartidas entre el comandante y los policías involucrados.
También existe preocupación entre la población porque ha habido casos de policías tanto estatales como municipales, que han sido señalados, arrestados o aprehendidos por estar coludidos con el crimen organizado, y en otros casos, hasta entre los mismos policías se matan por cualquier lío.
