DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
PASO DEL MACHO.- Un empleado del Ayuntamiento, adscrito al área de Comunicación Social, ha sido señalado por abandonar sus responsabilidades institucionales para dedicarse a promover la campaña de Siboney Morales García, candidata de la alianza Morena-Verde Ecologista. Testigos y fuentes internas reportan que el funcionario, cuyo nombre se reserva por protocolo editorial, ha sido visto grabando videos, tomando fotografías y realizando labores de difusión exclusivas para la aspirante, mientras continúa cobrando su salario con fondos públicos.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, el empleado ha estado ausente de sus labores en el ayuntamiento desde que inició el periodo de campañas electorales. En su lugar, participa activamente en actos proselitistas de Morales García, lo que configura un conflicto de intereses y uso indebido de recursos públicos.
Expertos señalan que esta conducta viola el Artículo 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe a los servidores públicos utilizar su cargo, tiempo o bienes del Estado para fines particulares o partidistas. Además, contraviene los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), que exigen neutralidad a las instituciones durante procesos electorales.
Hasta ahora, el gobierno municipal no ha emitido declaraciones sobre el caso, ni ha confirmado si iniciará una investigación interna. Tampoco se ha obtenido respuesta de la candidata o de su equipo de campaña ante los señalamientos.
En caso de comprobarse las irregularidades, el funcionario podría enfrentar sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta multas económicas, según lo establecido en la Ley Electoral de Veracruz. Además, organizaciones civiles como Transparencia Mexicana han recordado que este tipo de actos erosionan la confianza en las instituciones y exigen una revisión urgente de la contraloría municipal.
El OPLE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales instan a la población a reportar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales. “Nadie puede usar recursos públicos para favorecer a un partido. La ciudadanía debe ser más vigilante”, han destacado en dichas instituciones.
En tanto, el caso abre un debate sobre la supervisión de servidores públicos en municipios con limitados controles de transparencia, y plantea interrogantes sobre el posible alcance de estas prácticas en la contienda electoral.
