Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.– La reunión sostenida este miércoles entre padres de familia y autoridades educativas en el CECATI 49, dejó en evidencia la protección institucional hacia la directora María Teresa Aguirre Jiménez, señalada por represalias, abuso de poder y malos manejos administrativos.
Pese a ello, no hubo sanción, lo que generó molestia e indignación en la comunidad estudiantil y paterfamilias.
Durante más de tres horas, el enlace estatal José Luis Silva Romero y el subjefe de enlace operativo Miguel Ángel Santinelli Ramos, evitaron resolver el punto central de las denuncias: la destitución de la directora. Ambos se limitaron a justificar su inacción alegando que “no podían sancionarla”, dando vueltas al tema, encubriéndola.
Los padres exigieron una disculpa pública de parte de Aguirre Jiménez por su conducta autoritaria y ofensiva; sin embargo, nunca llegó. Lejos de asumir responsabilidad, la funcionaria intentó mostrarse conciliadora, pero fue vista como una estrategia para aparentar cambio ante la presión social. “Que intente quedar bien no significa que va a recuperar la confianza. El daño está hecho”, expresaron.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, las autoridades prometieron regresar hasta la primera semana de junio, dejando en el limbo cualquier posibilidad de justicia. En tanto, los padres siguen temiendo represalias contra sus hijos y acusan que todo fue una simulación para enfriar el conflicto.
El silencio y la omisión de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo ha encendido alarmas. Padres de familia responsabilizan a Jorge Antonio Vargas Vázquez, titular de la Dirección de Apoyo a la Operación, por permitir que estas prácticas continúen impunes.
